Varios ajustes podría tener el proyecto de ley de financiamiento del 2015 o nueva reforma tributaria, que el Gobierno planea presentar esta semana y con la que busca recaudar 12,5 billones de pesos a través del impuesto al patrimonio y el 4X1.000 o gravamen a los movimientos financieros.
Este fin de semana, se revisaron al detalle las propuestas que hicieron el Consejo Gremial Nacional y otros empresarios.
“Estamos estudiando esos planteamientos y se está mirando la idea de reemplazar algo del impuesto al patrimonio con una sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), que es destinado para proyectos de inversion social, que es más técnica que la de renta”, afirmó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
DE CUADRAR LOS NÚMEROS, EL GOBIERNO ESTARÍA TOMANDO ESE CAMINO
El planteamiento de los 21 conglomerados empresariales fue mantener el 4x1.000, pero cambiar el impuesto al patrimonio por una sobretasa a la renta, que “es menos nociva para la economía” porque no llevaría a la descapitalización.
Sobre la mesa también está la iniciativa de la Asociación de Instituciones Financieras (Anif) de reemplazar el gravamen a los movimientos financieros por un incremento escalonado del IVA, pasando del 16 al 17 por ciento en 2015-2016 y, posteriormente, a 18 por ciento a partir del 2017.
Si bien el proyecto fue bautizado ley de financiamiento del 2015, Cárdenas asegura que no es que haya algo excepcional el próximo año.
“Si queremos mantener la inversión en los sectores social y rural y el pie de fuerza, es necesario mantener unos impuestos que existen de tiempo atrás. En el caso del patrimonio desde el 2003 y del 4X1.000 desde 1999. Necesitamos mantener unos ingresos y eso es cierto en el 2015 y hacia adelante”, anotó.
Resaltó que pensar que con los 12, 5 billones se va a cubrir un hueco fiscal es equivocado.
“Porque no se está gastando mucho más de lo que se tiene, aquí lo que queremos es mantener el ritmo del gasto. El presupuesto está creciendo 5 por ciento en funcionamiento y 5 por ciento en inversión”. Al preguntarle si el dinero que se recaudará con la reforma se destinará para cubrir algunos gastos del posconflicto, el jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público señaló que desde antes se aseguraron 13 billones de pesos para el próximo año.
“El posconflicto ya se está cubriendo, no van a aparecer de repente como nuevos gastos o inversiones que el país desconozca. El próximo año, tenemos para la atención de víctimas casi 8 billones de pesos y para el desarrollo rural 5 billones. Nosotros ya estamos haciendo muchas inversiones que son completamente necesarias para la paz”, explicó.
Sin embargo, Cárdenas no descartó que en el futuro surjan necesidades económicas adicionales. En el escenario en el que se necesiten más recursos para cumplir con los compromisos relacionados con la paz, el ministro de Hacienda no descarta que se tenga que ‘echar mano’ de otras fuentes de financiamiento.
“No se puede descartar ninguna opción. En ese momento, el país tendrá que pensar en la venta de activos, en más endeudamiento, buscar más cooperación internacional y esfuerzo fiscal”, dice.
Todas las opciones tendrán que ponerse sobre la mesa “para buscar unas inversiones que sean temporales para lograr la paz”, concluyó el Ministro.
LOS OTROS DOS PILARES QUE SE CONTEMPLAN CON NUEVA REFORMA
El 4X1.000 y el impuesto al patrimonio no serán las únicas apuestas que hará el Gobierno para aumentar los recursos para el 2015.
En el proyecto de ley se incluyeron varias disposiciones que hacen parte de la estrategia fiscal del próximo año.
Una de ellas facilitará la regularización de los bienes de colombianos que están en el exterior y que no han sido declarados en el país y la otra, todo el esfuerzo para controlar la evasión.
“Nosotros hemos sido los grandes pioneros de la declaratoria de paraísos fiscales y de la búsqueda de capitales de colombianos que deben ser declarados en el país y con algunas disposiciones estamos buscando se facilite la regularización”, dijo Cárdenas.
El Gobierno confía que con los ajustes que le hará al proyecto consiga una iniciativa que tenga acogida entre los empresarios y las comisiones económicas del Congreso.
Para ello, también ha anunciado que se apretará el cinturón al reducir en 10 por ciento los gastos generales, el uso del celular, viáticos, servicios directos y publicidad en las tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial.
Una de las tareas más complicadas que tendrá la ley de financiamiento será convencer al Consejo Gremial que una ampliación en el porcentaje al impuesto al patrimonio no será nefasta para las finanzas del sector agropecuario, como asegura su presidente Rafael Mejía: “Por cuanto la rentabilidad de los negocios del sector no da como para pagar un mayor monto de este rubro”.
Por esta razón, un buen grupo del empresariado le insisten al Gobierno que es mejor que se cree una comisión de expertos que evalúen durante seis meses el tema fiscal.