La investigación es por no haber –al parecer– acordado con el operador Avantel, ganador también de una licencia de 4G, los términos para prestarle sus redes de LTE.
Dicha concesión de ‘roaming’ se incluyó en los términos de la subasta de 4G LTE, con lo que el Gobierno quiso dar igualdad de condiciones de competencia.
De esta manera, los operadores establecidos (es decir, los que ya tienen una red montada) deben prestar dicha infraestructura para que los operadores entrantes (quienes no tienen torres de telecomunicaciones) puedan entrar a ofrecer al tiempo los servicios de 4G LTE.
Según la dirección de vigilancia y control del MinTIC, Tigo y Movistar habrían empezado a ofrecer este tipo de servicio sin antes cumplir con tales acuerdos de obligatoriedad que estaban contemplados en los términos de la subasta de 4G.
Avantel ha solicitado que las empresas sean multadas por cada día que ellos han dejado de prestar el servicio de roaming.
Además solicita que, teniendo en cuenta el supuesto incumplimiento de las obligaciones, a Tigo y Movistar se les restrinja la comercialización de servicios 4G, medida que sería estudiada por la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de Comunicaciones.