La independencia y la economía

La independencia y la economía

POR:
abril 16 de 2009 - 05:00 a. m.
2009-04-16

Costos y beneficios de la Independencia

El cálculo de los costos y beneficios de la Independencia constituye un tema apasionante de la historia económica. Se trata de dilucidar si el desmonte de una organización económica ineficiente, basada en los monopolios públicos y privados sobre la producción y el comercio, produjo suficientes beneficios a largo plazo que justificaran los costos de la empresa.

Había que erradicar buena parte de lo que los españoles habían sembrado: un sistema de castas separadas por ley, relaciones sociales de servidumbre y de esclavitud, monopolios de comercio y de los bienes más transados en la sociedad colonial y, no menos, una tributación excesiva.

Los costos de la Independencia fueron evidentemente muy altos, el mayor de los cuales fue la pérdida del orden político que mal que bien sostuvo el imperio español de ultramar por más de tres siglos.
Mientras que para los países frontera del imperio español que lograron la independencia sin guerras de liberación como Argentina, Costa Rica y Chile pudieron establecer tempranamente regímenes liberales abiertos al comercio, para los que contaban con instituciones hispánicas más enraizadas y vivieron intensamente el conflicto tardaron más en alcanzar alguna estabilidad política y economías abiertas.

"Los obstáculos institucionales al crecimiento económico... fueron mayores en las zonas de población autóctona estable, donde quedaron encarnados en un 'pacto' colonial entre España y la élite colonial", anota John Coatsworth, para la América colonizada por Iberia.

Fueron este tipo de regiones las que se vieron más polarizadas por el conflicto que dividió a los criollos y a los mestizos y sumó a los indígenas a la causa real.

Se podría afirmar que la estabilidad política solo llegó a Colombia después de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), a partir de 1905, cuando los partidos alcanzaron un acuerdo de paz perdurable.

Lo cierto es que la caída de la monarquía española desató la anarquía en casi todas sus colonias. Surgieron iniciativas constitucionales en villas y provincias, a la vez que un gobierno provisional instaurado por las Cortes de Cádiz ofreció amplia representación a sus congéneres de ultramar.

La Constitución aprobada en Cádiz en 1812 fue progresiva, porque instauró el voto universal masculino sin requisito de propiedad o literalidad, que incluyó a criollos, mestizos e indígenas (excluyó a los esclavos) y estableció gobiernos provinciales y ayuntamientos de origen popular (Rodríguez, 2005).

La restauración de Fernando VII en el poder en 1814 le permitió abolir las Cortes y desconocer la Constitución gaditana. En la Nueva Granada solo en el pronunciamiento constitucional de Cartagena se hizo sentir la influencia de las Cortes de Cádiz y la versión más radical de los Derechos del Hombre. (Martínez Garnica, 2006) En sentido opuesto, la Constitución de Cundinamarca de 1811 propuso una monarquía constitucional que mostró el carácter excluyente de los criollos frente a las castas inferiores y el temor de perder el dominio sobre el orden político legado por España.

Otras iniciativas más federales en otras provincias de diferente inclinación política, inspiradas en la experiencia norteamericana y promovida por Camilo Torres, llevaron a guerras intestinas que facilitaron la reconquista española de 1817.

La historiografía tradicional ha llamado a este período la 'Patria Boba', pero el conflicto no surge de la estupidez humana, sino de la inexistencia de gobiernos proto-nacionales en cada colonia -cuerpos colegiados con funciones políticas y económicas donde existiera representación de los criollos- que la Corona nunca permitió ni en la propia España, lo cual dificultó la construcción de espacios de negociación política que se debieron construir desde la nada con el derrumbe del imperio hispánico.

Por contraste, las asambleas de las 9 colonias anglosajonas, que sí contaban con experiencias de auto-gobierno, se apoyaban en un área de libre comercio, legislaban sobre impuestos y contaban con recursos para hacer inversiones en educación e infra-estructura. Fue menos difícil para ellas entrar en una negociación compleja que culminó en una confederación dotada de una constitución eficiente y legítima que perdura al día de hoy.

Clement Thibaud sugiere que las estructuras castrenses de los ejércitos bolivarianos jugaron un importante papel en la conformación de las identidades nacionales. Ante la ausencia de poder generada por la confrontación con la metrópoli, su influencia en las instituciones de gobierno llevó a la aparición del caudillismo y retrasó la conformación de un sistema de gobierno parlamentario que permitiera la creación de espacios de negociación política de los conflictos.

Bolívar, en particular, se oponía al federalismo, a la división de poderes y a una representación universal. Por tanto, no existieron las condiciones institucionales y políticas necesarias para que el proceso económico se desarrollara de manera dinámica, en los países que antes conformaron la Nueva Granada, al menos durante la primera mitad del siglo XIX. (Thibaud, 2002)

La pugna fundamental en los años de la post independencia en los países liberados por Simón Bolívar fue la oposición a formas de gobierno centralistas con un enorme poder concentrado en la presidencia vitalicia del propio Bolívar, quien además podía nombrar a su sucesor, combinado con restricciones de ciudadanía a los que no contaban con propiedad o no sabían leer y escribir, contra unos gobiernos más liberales que contaban con reglas menos restrictivas de participación política.

Las fuerzas localistas y regionales que desató la Independencia fueron contenidas por las necesidades militares de los criollos. La guerra de liberación obligó a centrar todos los esfuerzos en fortalecer el ejército y, con ello, a centralizar el incipiente Estado.

Una vez expulsados los españoles del territorio que se vendría a denominar La Gran Colombia, pero todavía con un poder realista amenazante en territorio peruano, Venezuela aprobaría su Constitución de Angostura en 1819, muy influida por Simón Bolívar que le introdujo rasgos dictatoriales.

Entre estos figuraban la división de ciudadanos entre activos y pasivos (sin derecho a elegir o ser elegidos), acreditar propiedad de 500 pesos para los activos, mientras que el presidente concentraba todos los poderes, pudiendo incluso invalidar sentencias judiciales.

Le seguiría la Constitución de Cúcuta en 1821 que federaba a Venezuela, Ecuador y a la República Granadina y que intentaba darse una organización un tanto más liberal y descentralizada que la propuesta por Bolívar.

La Constitución de 1821 se inspira en el derecho divino como fuente de soberanía: reconoce la religión católica como única verdadera que acoge y protege. Era muy difícil para los criollos implementar el ideal de la Ilustración sobre establecer instituciones sobre la base de la razón, para lo cual era imprescindible separa al Estado de la religión.

Los ciudadanos deben saber leer y escribir a partir de 1840 para participar en elecciones, lo cual fuera de restrictiva reconoce un problema de analfabetismo generalizado, pero además deben tener un patrimonio de 100 pesos o en su defecto una profesión que les permita la independencia, excluyendo de la ciudadanía a jornaleros, arrendatarios y sirvientes.

Había un sistema de votación indirecto, mediante electores cantonales cuyos requisitos de propiedad y sapiencia eran mayores.

Ellos conformaban asambleas electorales que elegían presidente, senadores departamentales y representantes de provincia, dando lugar a un sistema de votación indirecta, proclive a la manipulación.

Se daban un cuerpo legislativo dividido en dos, donde la cámara contaba con representantes que ejercían por 4 años, mientras que los senadores tenían períodos de 8 años y se cambiaba la mitad cada 4 años, siguiendo el modelo norteamericano. (Restrepo Piedrahita, 1995)

La lucha entre el caudillo libertador y los políticos se zanjó a favor de los republicanos santanderistas en el caso de Colombia que surgió como tal después de la disolución de la confederación en 1832, dando al traste con otro de los sueños del caudillo libertador de ser conductor de un gran imperio americano. (Rodríguez, 2005)

Las guerras de independencia fueron también guerras civiles, en tanto el partido realista representaba la tradición y la religión legadas por el imperio español, siendo los criollos desafectos hijos rebeldes del mismo tronco.

Los indígenas sabían que las instituciones que les había provisto la Corona, y que alguna protección les ofrecía, serían desmanteladas por las reformas modernizantes del partido independentista.

Los esclavos, por su parte, le dieron la bienvenida a la Independencia porque les prometía la libertad en una generación, y aún inmediata para los que participaran en la contienda, pero algo similar le ofrecieron los realistas y pronto quedarían desilusionados con la lentitud que tomaría su emancipación.

El conflicto no se cerraría con la derrota y expulsión de los españoles hacia 1820 sino que se incubaría en el cuerpo social para estallar nuevamente en reiteradas guerras civiles. Ahora los nuevos contendores serían el partido conservador que defendía el legado hispánico, y los independentistas, transformados en partido liberal.

Las fisuras sociales prefiguran otros costos económicos que tuvo la Independencia: destrucción de vidas, activos productivos, reses, mulas y caballos, colapso de la esclavitud y de las regiones mineras, como el Chocó y Cauca, que de ella dependían.

La Costa Atlántica sufriría aún más; el debilitamiento de la esclavitud la perjudicó también y además se esfumarían los gastos militares y en construcciones de Cartagena lo cual multiplicaba en un alto ritmo de actividad económica de la región.

Hay también evidencias de algún grado de desurbanización: Bogotá pierde algo de población entre 1825 y 1850, al igual que la suma de 10 municipios principales que pierden 2 por ciento de su participación en la población total. (Ocampo)

El PIB por habitante estimado para la colonia y el siglo XIX (Gráfica 1) informa que la desarticulación de la esclavitud hizo colapsar al sector líder minero, al tiempo que la cruenta guerra produjo pérdidas importantes para la agricultura y ganadería de la costa atlántica y del sur del país.

El sector exportador sufrió una contracción considerable al perder acceso al monopolio centrado en Sevilla y en los consulados locales (gremios excluyentes de comerciantes), mientras que tampoco se ampliaban los mercados internacionales de materias primas. Ocampo estima que entre 1802 y 1850 la caída de exportaciones per cápita fue de 42 por ciento.

La caída del PIB por habitante se detiene hacia 1850 y tiene una fuerte expansión con las nuevas exportaciones de tabaco, quina, añil y café, mientras que la minería continua manteniendo un nivel relativamente constante de producción.

A partir de 1850 se superaría el nivel bruto de exportaciones colonial y hacia 1870 se habían recuperado también las exportaciones por habitante. Pero lo más costoso a largo plazo, luego de la disolución del estado colonial, sería la inestabilidad política.

Esta indujo la fuga de capital, dejó sin reglas adecuadas los negocios que podían ser emprendidos, mientras que los existentes quedaban sometidos a riesgos de expropiación, de préstamos forzosos durante los conflictos y de cambios frecuentes en las reglas de juego que organizaban la sociedad.

En efecto, Colombia tuvo 9 constituciones durante el siglo XIX y fue una de los países más inestables de la órbita hispanoamericana. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que se adecuara y modernizara el sistema fiscal hacia uno simplificado basado en el arancel externo.

La desorganización estatal y los bajos impuestos impidieron construir caminos adecuados entre el escarpado interior y las costas.

Aunque las constituciones de Cúcuta y todas las que siguieron desmontaron el sistema de castas al introducir la igualdad frente a la ley, política y culturalmente continuó existiendo la exclusión de los que carecían de linaje, propiedad, piel blanca, ingreso o eran analfabetos. Tardó mucho también el desmonte de la esclavitud, que fuera liquidada totalmente sólo en 1851 pero con los propietarios intentando someter a sus ex esclavos en arrendatarios de sus haciendas.

La nueva república acometió importantes tareas de modernización. Se abolieran las formas colectivas y obsoletas sobre la propiedad de la tierra (el mayorazgo y las manos muertas en poder de la Iglesia, los ejidos y propiedades comunitarias de los indígenas, entre otros) que impedían su movilidad y se liquidó el muy racionado sistema de crédito eclesiástico a favor de la banca libre. Se introdujo el moderno código napoleónico de comercio que remplazó las Ordenanzas de Cádiz y se cambió además el contradictorio y confuso sistema de medidas español por el métrico decimal.

Por último, se debilitaron los fueros corporativos como los del consulado, el fuero eclesiástico y el de los militares y se caminó en dirección a la igualdad frente a la ley, aunque esa igualdad estaría muy lejos de ser alcanzada.

De esta manera, se fueron desmontando las taras institucionales del absolutismo español que impedían el desarrollo del comercio y de los negocios, lo cual para el caso de la Nueva Granada comenzaría a rendir frutos durante la segunda mitad del siglo XIX y plenamente en los primeros 30 años del siglo XX. Por lo demás, la primera globalización capitalista que absorbiera las exportaciones de materias primas sólo se desataría con fuerza entre 1850 y 1914.

Recomendados

  • ECONOMIA
  • NEGOCIOS
  • MIS FINANZAS
  • OPINIÓN
Siga bajando para encontrar más contenido