Volvió a la mesa el tema de la seguridad alimentaria. Y también la energética, que van de la mano. Vueltas da la vida. A partir de la década de los años 90, que se inició bajo el signo de lo que entonces se conoció como el Consenso de Washington, que elevó el libertinaje de las fuerzas del mercado a la categoría de dios de la economía, la suerte de los más pobres sufrió el más profundo descalabro de nuestra historia reciente.
(Alta inflación impulsaría una nueva alza de tasas del Emisor).
En aquel tiempo, el de la alabada apertura, quienes nos atrevimos a cuestionar esa doctrina, fuimos tildados de anacrónicos. Pero el comportamiento del aparato productivo, infortunadamente, nos concedió la razón.
En el caso de la agricultura, se perdió durante esa década una cuarta parte del área cultivada del territorio. Un millón de hectáreas. Las importaciones de comida se multiplicaron por siete veces. Los campos se llenaron de cultivos de coca, como ahora ha vuelto a suceder tras el llamado acuerdo de paz, hasta colocar al país en el primer puesto en la producción mundial de esa especie. Los frentes guerrilleros y paramilitares vinculados al negocio florecieron por doquier. Y, como resultado, la democracia acabó lesionándose en materia grave, a la par con la ampliación de la brecha de desigualdad entre los pobladores rurales y los urbanos.
(Colombia sería el cuarto país con mayor crecimiento económico en Latam).
Desde entonces, la dominancia alimentaria de la inflación ha sido una constante, y, por consiguiente, el más grande dolor de cabeza de la autoridad monetaria.
Hoy, después de más de veinte años, choques externos, no controlables por parte de las instituciones encargadas del manejo macroeconómico, como el cambio climático; las confrontaciones comerciales como la existente entre China y Estados Unidos; las recurrentes restricciones y aún prohibiciones de exportaciones de alimentos como en Argentina de carne y de arroz en Vietnam y Tailandia; y la invasión rusa de Ucrania -las dos naciones que en conjunto conforman la segunda fuente de energía, fertilizantes y granos del planeta-, ha colocado en un serio aprieto el normal abastecimiento de comida y energía del mundo.
Fenómenos de índole geopolítica y climática, como los referidos, los cuales se apartan de los denominados fundamentales de la economía, suelen ser impredecibles y causantes de alteraciones de la seguridad alimentaria y energética, la cual se debe entender como el libre y expedito acceso a la oferta. Pero, según lo hemos experimentado, esa teoría pocas veces funciona en la realidad. Luego es crucial, en lo posible, contar con una huerta y una generación de energía propias. Fundamento esencial de la seguridad nacional.
De ahí, el regreso de la inflación, vía alimentos y energía, la vieja pandemia que en la historia se ha materializado no solamente en desarreglos económicos, sino también en desgarramientos y rupturas sociales conducentes a conflictos internos y externos.
¿Qué debe hacer el banco central? No necesariamente reaccionar en primera instancia ante choques de oferta, pues los instrumentos con que cuenta -tasa de interés de referencia, regulación de la liquidez, esto es la cantidad de dinero en circulación, encajes bancarios, etc.-, se hallan diseñados únicamente para regular la demanda. A no ser que las expectativas de los agentes económicos sobre la inflación se alteren, y se desanclen de la meta fijada por su Junta Directiva, como es el caso actual. En materia de política monetaria, no hay nada más relevante que las expectativas sobre la inflación.
Y del lado de la oferta alimentaria, comenzar por los fundamentos de una economía de mercado rural sostenible, competitiva y equitativa. Es decir, garantizar la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad de la tierra, pasando por la actualización catastral y la titularización masiva de predios bajo el uso de tenedores informales. La optimización de la actual frontera agrícola mediante un amplio programa de construcción de vías terciarias. El impulso de modalidades de tenencia de la tierra diferentes a la propiedad convencional, con plazos largos, no inferiores a quince o veinte años, como arriendo, usufructo, comodato, o cuentas en participación, a fin de darle acceso a la misma a jóvenes talentos, con la mira de ocupar quince millones de hectáreas aptas para la producción agrícola, pero ociosas.
Enorme potencial para satisfacer nuestra seguridad alimentaria y la de otros mercados, y coadyuvar en el control de la inflación.
CARLOS GUSTAVO CANO
PORTAFOLIO
