Treinta y siete personas investigadas por captación ilegal de dinero, manipulación de acciones, administración desleal, concierto para delinquir y operaciones no autorizadas, de las cuales 4 están en la cárcel y 3 están bajo detención domiciliaria. Además, bienes incautados por casi 600.000 millones de pesos que, sin embargo, no alcanzarían para reparar a las víctimas. Para eso fue necesaria una compleja operación de las autoridades colombianas que se ha tenido que extender a siete países. Todo esto marca los dos años transcurridos desde que se hizo público el descalabro del grupo InterBolsa, el más sonado en las últimas décadas para el mercado bursátil del país.
Y aunque la mayoría de las instancias que tienen que ver con el tema –Fiscalía, Superintendencia Financiera, Supersociedades y el Autorregulador del Mercado de Valores– insisten en que se ha actuado con celeridad, todo hace pensar que la resolución de este proceso va a seguir pendiente por mucho más tiempo.
Recientemente, a instancias de la liga de consumidores de Bogotá, se presentó una demanda contra la Superfinanciera, el Autorregulador y la Bolsa de Valores de Colombia porque, según los accionantes, habrían pecado por omisión al no tomar las medidas a su alcance para evitar la manipulación de las acciones de Fabricato y los otros desmanes cometidos por personas y firmas ligadas a InterBolsa. Este proceso podría durar hasta más de una década.
Luis Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades saliente, aduce que si no se han tenido más resultados es por las complicaciones de coordinación con las autoridades de Panamá, Luxemburgo, Estados Unidos, Brasil, Bahamas y Curazao –a donde se extendían los tentáculos de InterBolsa– con el fin de clausurar las operaciones de la firma y sus filiales y así recuperar todos los activos posibles.
A eso, según él, se suma la batería de maniobras dilatorias de los implicados, a través de tutelas y recursos legales contra las decisiones adoptadas. Ahora, el paro judicial no ha permitido realizar varias audiencias previstas por la Fiscalía para octubre.
De acuerdo con fuentes de la Supersociedades, el paso definitivo para la liquidación de la holding se daría tan pronto un juez de Luxemburgo autorice pagar 90.000 millones de pesos de los Títulos Estructurados de Crédito (TEC) cuyos dueños –360 empresas y personas– están en Colombia y tienen prioridad entre los 1.117 defraudados de InterBolsa. El paso estaba previsto para mayo y luego para octubre, pero los ritmos en Luxemburgo lo ha aplazado.
Según las fuentes, pronto se conformará una fiducia, posiblemente en el banco Agrario, para manejar estos recursos cuando lleguen.
A mediados de septiembre, al incorporar los activos de la SAI de Interbolsa, una de las vías por donde corrió el dinero que terminó dilapidado, esta fue valorada en cero pesos.
PRÓXIMO A LIQUIDACIÓN
Hace una semana, antes de que Vélez le diera paso a su sucesor Francisco Reyes, Alejandro Revollo entregó el informe con el que concluía la intervención del Fondo Premium, ligado con InterBolsa, para comenzar la liquidación. En cuestión de días, Reyes deberá nombrar al liquidador –que presumiblemente sería el mismo Revollo– y comenzar la venta de los bienes por unos 500.000 millones de pesos que están embargados desde julio del 2013 a 26 sociedades y 22 personas, entre ellos, el expresidente de InterBolsa, Rodrigo Jaramillo, y su hijo Tomás; Juan Carlos Ortiz y el empresario Víctor Maldonado. Estos tres también sufrieron la ‘muerte comercial’, junto con Jorge Arabia, Ruth Estella Upegui y Alessandro Corridori. Ni siquiera pueden alquilar un local ni hacer transacciones bancarias durante 10 años.
Las acreencias de las víctimas de la debacle estarían por los 700.000 millones de pesos.
La Superfinanciera, que fue la primera en intervenir la comisionista de Intebolsa, el 2 de noviembre del 2012, tiene 35 procesos sancionatorios en curso por manipulación del precio de la acción de Fabricato, omisión de información relevante e incumplimiento de los contratos de corresponsalía. Ha impuesto 20 multas e inhabilidades y de estas ya 8 están en firme al superar apelaciones de los afectados. También dispuso la intervención de Rentafolio Bursátil y Financiero, y Valores Incorporados, dos compañías ligadas con InterBolsa.
En el campo penal, la Fiscalía investiga a 37 personas y les ha formulado cargos a 17. En la actualidad están en la cárcel Alessandro Corridori, Claudia Jaramillo, Carlos Arturo Neira y Javier Tomás Villadiego. Y tienen detención domiciliaria Rodrigo Jaramillo, María Eugenia Jaramillo y Álvaro Tirado.
MERCADO DE VALORES SACÓ SUS LECCIONES
Según Gerardo Hernández, a partir de la debacle de InterBolsa hay un empeño por fortalecer el mercado de valores. Los decretos 1242 y 12432 del 2103 regulan los fondos de inversión colectiva y obliga a tener custodios. También, el 2877 hizo más férreo el control a las operaciones simultáneas con repos y transferencias de valores. La circular 014 del mismo año, normatiza el ‘e-trading’, mecanismo que se usó para muchas operaciones que condujeron al colapso de InterBolsa.
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