La Contraloría General de la República señaló que a través de la unión temporal Carbones Likuen se embolataron cuantiosos recursos del Casanare entre el 2006 y el 2007.
“Con proyectos exóticos, avivatos quisieron atraer como inversionistas a mandatarios de Casanare, Yopal, Meta, Villavicencio, Castilla La Nueva y Yumbo”, informó la entidad.
El ente de control explicó que a través de unas estructuras financieras se entregaba el dinero de las regalías de dichas poblaciones y, como garantía, se facilitaban unos documentos en los que se constaba que el ente territorial “tenía la cesión de unos derechos de beneficio en unos patrimonios autónomos muy rentables y lucrativos”. Fueron cerca de 30.000 millones de pesos provenientes de regalías del Casanare los que se perdieron, según el fallo de primera instancia.
“La unión temporal tenía un patrimonio en una fiduciaria llamada Fidupetrol, que no se sabe con precisión para qué utilizaba dichos recursos”, dijo la entidad.
