El próximo jueves, el presidente Juan Manuel Santos cumplirá 100 días de su segundo periodo de Gobierno. El balance parte de lo anunciado el pasado 7 de agosto en su discurso de posesión: las prioridades de los próximos cuatro años son: paz, educación y equidad.
Analistas, empresarios y académicos coinciden en que ha habido avances en el proceso de paz y que buena parte de los primeros 100 días del nuevo periodo han girado en torno a los diálogos con las Farc, el posible inicio de conversaciones con el Eln y a preparar el camino para la etapa de posconflicto.
En este propósito Santos ha acumulado dividendos, tanto en el país como en el exterior. Así lo corroboran las recientes encuestas divulgadas por las firmas Cifras y Conceptos y Gallup Colombia, y la estrategia diplomática de conseguir apoyo en el exterior, como sucedió con la gira del mandatario realizada la semana pasada por Europa.
Sin embargo, a nivel interno, la tarea de allanar el camino para facilitar el tránsito por el posconflicto ha comenzado a generar tropiezos. Santos, sus ministros, los académicos y la opinión nacional coinciden en que la reconciliación nacional tiene un costo. Eso significa que los colombianos, a todo nivel, tendrán que hacer un esfuerzo económico para lograr este objetivo. Pero las fuentes de financiación han dado pie a las discrepancias. Por eso, el tema más difícil en el campo económico es la reforma tributaria. Por un lado, los empresarios dicen que el proyecto del Gobierno le carga la mano al sector privado y, por el otro, los académicos señalan que la propuesta es tan tímida que el propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no la llama reforma tributaria sino ley de financiamiento presupuestal.
En el tema de equidad y educación hay consenso en que 100 días no son suficientes para un balance.
En política, aunque Santos no tiene el mismo apoyo que en su primer periodo, hasta ahora ha sorteado con éxito la oposición en el Congreso.
Jorge Enrique Gómez, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, considera que “la dinámica de los sectores edificador e inmobiliario ha seguido con una tendencia positiva y con síntomas de estabilización en los precios en la vivienda”. Sin embargo, reconoce que “la euforia de la construcción disminuyó, sin que esto signifique ningún riesgo”. Según el directivo, los tiempos en que se vende la oferta nueva se han alargado: en Barranquilla pasó de 9 a 13 meses; en Bogotá siguen lentos y solo se construye con licencias aprobadas del anterior Plan de Ordenamiento Territorial, de hecho, esa rotación pasó de 6 a 9 meses, mientras que en Bucaramanga fue de 8 a 12 meses. Gómez asegura que las expectativas para el 2015 son “moderadas”.
Para Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el Gobierno sigue viendo en el sector edificador un aliado para el crecimiento y el desarrollo social del país, a través de la continuidad de programas como la vivienda gratuita y el subsidio a la tasa de interés. “A estas iniciativas se suman el nuevo programa Mi casa Ya y el modelo TACS del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), con el cual se quiere impulsar el arriendo con opción de compra”, agrega la directiva, quien considera que lo interesante es que se trata de una política integral. Así, tras la estructuración y la destinación de los recursos establecidos para su ejecución “podemos afirmar que el balance de los primeros cien días del segundo mandato del Presidente es positivo. Los frutos de estas estrategias sectoriales se verán en los próximos cuatro años”, concluyó la presidenta de Camacol.
Además de estar pendientes de la marcha de los indicadores económicos, los empresarios han sido protagonistas en estos primeros 100 días de la segunda administración de Juan Manuel Santos.
El temprano debate en torno a la reforma tributaria para financiar los recursos fiscales que faltan para el presupuesto del 2015, ha generado debates intensos entre el Gobierno y los gremios, críticos del proyecto que radicó el Ministerio de Hacienda, especialmente en torno al impuesto al patrimonio.
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Guillermo Botero, quien en esta etapa ha expresado diferencias profundas con el Gobierno, advierte que el tema tributario ha marcado la agenda de los empresarios frente a las políticas oficiales.
Por su parte, los industriales que desde ya anuncian un resultado pobre al cierre de este año, siguen pendientes de que se dicte una política de apoyo al sector, como lo ha dicho el presidente de la Andi, Bruce Mc Master.
A su turno, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, en su balance sobre este tiempo que lleva el Gobierno Santos II, considera que los pasos que ha dado el Gobierno se ha centrado, desde distintos frentes, en preparar al país para el posconflicto.
Varios analistas consultados indicaron que una de las más grandes talanqueras que tiene el Gobierno para darle continuidad a sus programas y fortalecer la inversión en el sector agropecuario es la definición sobre la propiedad, la legalización y normalización de la tierra. Hasta ahora, el Ministerio de Agricultura solo ha hablado de planes, sin especificar cómo ni con qué recursos lo hará.
En el sector cafetero, en particular, el Gobierno deberá poner en marcha las recomendaciones de la llamada Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura, pues además de haberle invertido más de 1.500 millones de pesos, hay temas claves.
Los productores agropecuarios tienen altas expectativas sobre la paz, pues una de las quejas es el deterioro de la seguridad en el campo.
Un tercer tema está en la real accesibilidad que demandan varios subsectores del agro como el ganadero, cuyas exportaciones de carne y leche no repuntan, debido a los bajos costos de estos productos en el mercado mundial, más bajos que los mismos de producción en Colombia.
También está pendiente la redefinición de los subsidios directos a la producción, que deberán transformarse en bienes públicos que beneficien a todas las actividades del campo. El contrabando de alimentos sigue siendo un problema mayor.
Desde sus distintas ópticas, los dirigentes gremiales del sector financiero ven en la Ley de Financiamiento que presentó recientemente el Gobierno una fuente de inseguridad jurídica.
El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, dice que “es necesario acabar con la reformadera cada 18 meses” y señala que un ajuste tributario tiene que ser estructural y bien estudiado, con expertos que se tomen su tiempo y planteen lo que el país necesita.
Por su parte, el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, considera que “la propuesta actual de reforma podría ser muy negativa con relación a los flujos de inversión, tanto nacional como extranjera”.
Justamente, sobre este punto, el presidente de Asobolsa, Jaime Humberto López, expresó su preocupación ante el planteamiento de aumentar el impuesto al patrimonio y a la posibilidad de que se graven los dividendos. “El tema económico está enrarecido con la caída de los precios del petróleo y eso va a hacer que el hueco fiscal sea más grande. Ojalá que con esa angustia no nos equivoquemos y se tribute lo que no es”, dice López.
Añade que en Perú gravaron los dividendos, lo cual generó una gran desconfianza y los inversionistas se fueron a otros países, golpeando el mercado.
Entre tanto, algunos dirigentes consideran que se ha dificultado la interacción con los ministerios en ciertos temas.
Asofondos y Fasecolda aplauden que haya alguna luz sobre la reforma pensional, en la medida en que el Gobierno decidió crear una comisión para estudiar dicho ajuste.
Una de las peores noticias que ha tenido que enfrentar el Gobierno Nacional en sus primeros cien días, en materia económica, es el desplome de los precios del petróleo, el carbón y el oro, que no solo son tres de los principales productos de exportación en el país, sino que también tienen un gran peso en los ingresos fiscales de la Nación.
Pero además de la coyuntura externa, el sector extractivo aún sufre las consecuencias de problemas estructurales como los conflictos con las comunidades, la demora en las licencias ambientales y los problemas de seguridad.
En el sur del país se han registrado interrupciones en el transporte de crudo por las acciones perpetuadas por las Farc y en el sur de Bolívar las campañas exploratorias de minerales no han podido adelantarse por la presencia de grupos al margen de la ley.
“Apreciamos un Ministro de Minas y Energía que entiende la importancia del sector para el desarrollo del país y su sostenibilidad fiscal (...) Sin embargo, nos preocupa la estabilidad en las reglas del juego en especial en materia fiscal, la competitividad del país en el concierto regional, y la celeridad con la cual se dan los cambios pues de no lograr solucionar dichos problemas con prontitud, la industria no logrará el dinamismo que se requiere”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP.
En materia energética se destaca que el país logró asegurar la generación eléctrica, ante la eventualidad de un fenómeno de El Niño, cada vez más lejano y que Colombia avanzó ocho´ puestos en el Índice de Sostenibilidad Energética.
Las relaciones con los vecinos estuvieron movidas.
Por un lado, el Gobierno tuvo que lidiar con el cierre de frontera con Venezuela y las acusaciones del presidente Nicolás Maduro de que los productos de su país estaban entrando de contrabando por Cúcuta y la Guajira. Sobre el tema no se ha dicho mucho, pero ni el presidente Santos ni la canciller María Ángela Holguín han podido revertir la medida que tiene virtualmente paralizado el comercio fronterizo. Del otro lado, el decreto que incluía a Panamá en la lista de paraísos fiscales puso a arder la diplomacia bilateral. Tras amenazas panameñas de retaliación comercial y sendas cumbres de cancilleres, la medida se revirtió dando un plazo hasta el 30 de septiembre del 2015 para para firmar acuerdos sobre intercambio de información. El episodio fue interpretado por algunos como una debilidad en la política exterior colombiana. Otros lo vieron como “una estrategia que obligaba a Panamá a negociar”, sin importar plazos.
Los avances en infraestructura han estado abanderados por el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. En las primeras semanas criticó el avance en el túnel de La Línea, lo que llevó a que el Invías abriera, por recomendación de la interventoría, el proceso de caducidad del contrato que hoy sigue en curso. Vargas prometió que “el túnel de La Línea no será otro elefante blanco”. Posteriormente, oficializó la apertura de cuatro túneles de la vía Loboguerrero- Buenaventura. Debido a que la atención se ha focalizado en las vías 4G y aún no se han resuelto temas urgentes en corredores en construcción como la Ruta del Sol, el número de kilómetros en doble calzada construidos ha estado por debajo de la meta (300 km por año). En materia de transporte, la ministra Natalia Abello presentó un decreto que reglamentaría unas condiciones administrativas para hacer eficientes los patios de contenedores y un plan piloto para reducir las largas filas en los puertos.