La medida busca evitar que los recursos públicos sean desviados o utilizados por mandatarios locales para presionar a los electores a votar por un candidato en especial en las próximas elecciones regionales.
Para el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Joaquín José Vives, en esencia esta norma es “la limitante que tienen los funcionarios públicos, de carácter departamental y municipal, para celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.
Esto quiere decir que los alcaldes y gobernadores, así como quienes conforman sus gabinetes, no podrán modificar la nómina de sus entidades, tampoco celebrar contratos de manera directa y, entre otras cosas, se les prohíbe inaugurar obras públicas para evitar el proselitismo político.
Vives agregó que “la ley es clara en señalar que los servidores públicos no pueden ni acosar ni presionar, de ninguna manera, a sus subalternos para que apoyen una campaña electoral”, al hacer referencia que la participación indebida en política se castiga siempre y no solo bajo los parámetros de la ley de garantías.
Sin embargo, el Gobierno aclaró que con la reciente ola invernal se destinaron recursos para la reconstrucción de varias regiones del país, que se consideran obras de prioridad y, por lo cual, no estarán cobijadas por la ley de garantías.
Como estos recursos, que el Gobierno ha estimado en más de 3 billones de pesos, no están protegidos por la ley de garantías, el ex procurador Jaime Bernal Cuellar aseguró que es necesario establecer un control sobre esos dineros para que no se desvíen hacia campañas políticas.
“Estos son recursos que se vienen obteniendo de diferentes fuentes y no quedan amparados por esta ley, lo cual implica que se tendrán que hacer otros controles porque hay denuncias de que algunos de estos recursos (…) solamente se los están dando a personas que van a votar por determinado candidato, lo cual es un acto total de corrupción”, precisó Bernal Cuellar.
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