En la audiencia contra William Suárez, socio de David Murcia Suárez, el juez quinto especializado de Bogotá decidió conceder un recurso que suspende la reparación.
Explicó que en el caso de la captadora de dinero DMG se presentaron dos clases de víctimas: Los que directamente invirtieron su plata allí, que son los tarjeta-habientes; y los proveedores, que se identifican por ser aquellos comerciantes a quienes DMG les quedó debiendo dinero luego de ser intervenida por las autoridades.
Las primeras víctimas ya fueron reconocidas, pero las otras no. Hasta que no se decida si el segundo grupo de personas tiene derecho a reclamar desde el derecho penal, el proceso de reparación estará suspendido.
La decisión de reconocimiento quedará en manos del Tribunal Superior de Bogotá.
Según la Fiscalía, los proveedores pueden ser resarcidos mediante el proceso de liquidación normal que ofrece el derecho comercial, y no dentro del juicio penal que se está llevando a cabo.
Cuatro abogados representantes de más de quince empresas afirman que sí tienen derecho de ser resarcidos y que deben recibir 100.000 millones de pesos.
Los apoderados de los proveedores señalan que a través de William Suárez se movía el dinero captado ilegalmente, con el que se hacían las compras a las empresas legalmente constituidas; por esto alegan que sí son víctimas de esas actuaciones.
Sin embargo, la defensa de Suárez dice que su cliente no formó parte de la captadora y que "no hay relación de causalidad entre su comportamiento y los efectos derivados de la operación de DMG".
Aunque William Suárez aceptó los cargos de lavado de activos, cohecho y captación masiva ilegal de dinero, su responsabilidad en la reparación a las víctimas todavía no se define.
REDACCIÓN JUSTICIA