En un desvencijado muelle en el extremo norte de Colombia, decenas de indígenas Wayuu atrapan equipos de sonido, lavadoras y ventiladores arrojados desde un barco que llegó de Aruba.
La escena bajo la luz de la luna, rutinaria para los indígenas de la península de La Guajira desde hace décadas, devela una forma de contrabando y de lavado de dinero en el país que lucha por limpiar su imagen como un importante centro mundial de producción y tráfico de drogas ilícitas.
Alumbrada con linternas y a más de 40 grados centígrados en la desértica zona de Puerto Nuevo, cerca de la frontera con Venezuela, la directora de aduanas de Colombia, Claudia Gaviria, rasga una caja y cuenta los ventiladores para contrastar la cantidad con documentos entregados por el capitán del buque.
"Si hay algo más de lo que dicen los documentos se aprehende la mercancía y se inicia un proceso administrativo porque hay una presunción de que hay un delito penal de contrabando e incluso de lavado de activos", explicó Gaviria.
A la recia funcionaria le llama la atención que uno de los documentos de ingreso de parte de la mercancía del barco tiene recortados los datos del vendedor y del comprador. "Encontramos unos documentos adulterados y es a lo que le estamos haciendo seguimiento", precisó durante la inspección.
El contrabando oculto en millones de toneladas de mercancías importadas es una rama para el lavado de dinero, actividad encubierta para legalizar las ganancias del narcotráfico, el comercio ilegal de armas, la trata de personas -secuestro y explotación sexual-, y más recientemente la corrupción.
Autoridades calculan el lavado de dinero en unos 17.000 millones de dólares al año, un poco más que la inversión extranjera directa que recibió Colombia en el 2012 y más de un 5 por ciento de su PIB.
La cifra es suficiente para distorsionar el tamaño de la economía e impactar a toda la sociedad, dañar los negocios legítimos y convertirse en caldo de cultivo para el crimen, según diferentes autoridades económicas y judiciales. Y más aún, hace palidecer los 234.438 millones de pesos (unos 128 millones de dólares) incautados en contrabando el año pasado, según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), equivalente a menos del 1 por ciento estimado por lavado de dinero.
Según cálculos del organismo, se está incautando menos de un 9 por ciento de las mercancías introducidas ilegalmente. "Es un problema muy grande porque para un país pobre el impacto social es brutal", dijo Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, quien reconoció que el lavado impacta el comercio local e internacional, a la producción manufacturera y agrícola y a los bienes raíces.
"Limita el crecimiento y lo destruye porque hace improductivas las actividades lícitas, destruye valor", explicó el alto funcionario, quien es la punta de lanza del Gobierno en la lucha contra el contrabando, la evasión y la fiscalización del comercio.
Si bien Colombia es apenas la parte visible del iceberg del lavado de dinero en el mundo, teniendo en cuenta que según Naciones Unidas (ONU) la actividad mueve 1,6 billones de dólares, el país es un punto estratégico dentro de la red criminal global por ser el mayor productor de cocaína del mundo. El lavado de activos es crucial para la sostenibilidad del negocio del narcotráfico, para pagar sus costos de producción y recibir sus utilidades.
SOFISTICACIÓN
A pesar de que Colombia pasó en la última década de ser considerado un Estado fallido por la violencia y el narcotráfico a atraer sumas récord de inversión en petróleo y minería, el país continúa siendo terreno propicio para este tipo de actividades ilícitas.
En el apogeo del legendario jefe del Cártel de Medellín Pablo Escobar, en la década de 1980, gran parte del dinero del narcotráfico llegaba desde Estados Unidos a Colombia oculto en aeronaves y barcos. Luego era escondido, depositado en bancos o destinado a lujos, a comprar automóviles, fincas y suntuosas casas.
Ahora los delincuentes se han sofisticado. Ante los cada vez más rigurosos controles en el sector financiero, los narcos han optado por recibir buena parte de las utilidades con bienes que sus distribuidores en el extranjero les envían a muelles como Puerto Nuevo, donde la vigilancia estatal es mínima por falta de infraestructura y de presupuesto.
En lugares como Puerto Nuevo, los delincuentes se aprovechan de las milenarias costumbres de los Wayuu que no reconocen la frontera física en los cerca de 15.000 kilómetros que habitan entre el extremo norte colombiano y el estado venezolano del Zulia. Eso dificulta el control de las autoridades.
Redes de intermediarios de los narcotraficantes reciben el dinero en países como Panamá y Aruba, en donde compran las mercancías que ingresan de manera ilegal a Colombia por las diferentes fronteras para ser vendidas y recuperar el efectivo.
"Es una tarea imposible", dijo Luis Carlos Cañas, jefe de la oficina de impuestos en el poblado de Maicao, en La Guajira, mientras inspecciona un camión repleto de lingotes de aluminio que acaba de cruzar la frontera terrestre con Venezuela. "Simplemente no tenemos los recursos humanos para revisar todo", admitió.
En esa parte de la frontera terrestre se han identificado más de 150 caminos rurales o trochas a través de los cuales ingresa el contrabando. Vigilar esas rutas es una tarea titánica para los apenas 70 policías de aduanas destinados a esa región.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, expresó preocupación porque la fuerte devaluación de la moneda venezolana, decretada por el Gobierno en febrero, aliente el flujo ilegal de mercancías desde el vecino país. La diferencia cambiaria abarata el contrabando en pesos colombianos.
Una vez que la mercancía es vendida en Colombia en una red que además del comercio informal incluye almacenes reconocidos y registrados legalmente, el dinero de la droga queda limpio y es difícil de detectar por las autoridades.
"El lavado hoy está en todos los sectores, ya no existe esa acumulación en un sector porque los delincuentes se están sofisticando cada vez más y están diversificando sus portafolios criminales", dijo a Reuters Luis Edmundo Suárez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf).
Los cerebros encargados de legalizar el dinero echan mano a casi cualquier producto que se pueda comercializar, desde juguetes y electrodomésticos, hasta camiones de bomberos, licores, cigarrillos, perfumes, alimentos y animales para el consumo humano como vacas.
En sus maniobras los investigadores encuentran rastros sospechosos: un whisky vendido al público a un precio inferior al que cobran las grandes multinacionales que lo producen, o zapatos importados desde China que cuestan el equivalente a un dólar, que no alcanza a cubrir ni el precio del transporte.
"Que el precio del bien sea más bajo que el precio al que sale de la fábrica que lo produce lo dice todo: blanco es, gallina lo pone", explicó Ortega, de la Dian. Esas "gangas" se encuentran en los comercios populares conocidos como los "Sanandresito", como se denominan los complejos que albergan a cientos de mini-almacenes.
En las últimas décadas se multiplicaron estas tiendas, denominadas así en alusión a la isla de San Andrés, a donde viajaban muchos colombianos para comprar artículos a precios de puerto libre que eran difíciles de conseguir en tierra firme antes de la apertura comercial, en 1990.
En el centro de Bogotá, en una zona de cinco manzanas, se encuentra uno de estos complejos, con miles de almacenes repletos de electrodomésticos, ropa y todo tipo de accesorios más baratos que en el resto del comercio del país y que en la mayoría de ocasiones no entregan facturas.
Carmen, quien pidió que su nombre real fuera cambiado por seguridad, es vendedora en un almacén de accesorios importados para vehículos que dijo fueron comprados con las ganancias de las drogas y de prostíbulos que acumuló su jefe en los últimos 10 años, antes de que asesinaran al capo del cártel al que pertenecía.
"Mi jefe va a China una vez al año, importamos unos 70 u 80 contenedores y se van trayendo en el transcurso del año", dijo, mientras vigila que no se acerquen los guardias que protegen los negocios con armas escondidas en sus ropas. "De esos contenedores entran unos 10 o 15 de manera legal y el resto pasa por debajo, por contrabando", relata a medida que baja el tono de voz.
CONVERGENCIA CRIMINAL
El negocio de las drogas en Colombia dejó de estar sólo en manos de los narcos. Las autoridades estiman que ahora una gran porción es administrada por las guerrillas izquierdistas y las denominadas "Bacrim", que son bandas criminales que surgieron tras la desintegración de los paramilitares de ultraderecha.
A ello hay que sumarle la asociación de los productores de cocaína colombianos con los capos mexicanos de la droga que se encargan de distribuir los alcaloides hacia el mayor consumidor del mundo, Estados Unidos, con lo que se ha consolidado una gigantesca multinacional del crimen.
"Hay carteles mundiales de lavado, tienen muchas formas de jugar entre ellos, se comportan como una sola organización y cada vez están más sofisticados y contratan gente más profesional de alto nivel", explicó Suárez, cuya entidad es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para combatir el lavado de activos a nivel global.
Un razón que ha llevado a los narcos a migrar a múltiples actividades económicas para limpiar su dinero es el drástico control en el sistema financiero colombiano, lo que a su vez ha ocasionado un bajo nivel de bancarización por los estrictos requisitos para acceder a una simple cuenta.
"Colombia es uno de los países del mundo, inclusive más que Estados Unidos, que tiene más controles en el sistema financiero contra el lavado de activos y más efectivos", aseguró la presidenta de la Asociación Bancaria (Asobancaria), María Mercedes Cuellar.
Uno de esos controles es el Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAF), que a través de un 'software' reconoce las transacciones sospechosas, genera una alerta e identifica la información del cliente, enviando un reporte a la Uiaf para su investigación.
Pese a ello, los narcos no dejan de intentarlo. Hace un par de semanas, el legislador Simón Gaviria reveló que se investigan supuestas actividades de lavado de dinero que se habrían realizado en la que fuera mayor correduría de bolsa del país, Interbolsa, que fue liquidada en noviembre pasado en el mayor escándalo de manejo fraudulento de recursos en el área bursátil.
Incluso, el congresista mencionó que las actividades habrían involucrado dineros de los cárteles mexicanos, así como de la guerrilla, comentarios que fueron rechazados por los directivos de la firma bursátil.
La Uiaf recibe en promedio cada mes 464 reportes de operaciones sospechosas (ROS) en el sector financiero y unos 122 de otras actividades económicas. El afán de las autoridades de orientarse al sistema financiero contrasta con los aún débiles controles en el resto de actividades económicas, en donde se pueden pagar con efectivo bienes y servicios sin límites.
"Como en el sector financiero hay una norma que dice que hay que tomar medidas en el tema de lavado, el incumplimiento de esas acciones genera sanciones de los reguladores como la Superintendencia Financiera, e incluso acciones legales", dijo Gina Pardo, experta de la Asobancaria en el SARLAF. "En cambio, el sector real no tiene una norma vinculante, el riesgo reputacional es todo, pero no tiene sanciones", agregó.
En una muestra de ello, las autoridades han detectado cómo las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc) compran grandes cantidades de ganado y los venden dependiendo de sus necesidades presupuestarias, distorsionando el mercado de la carne en algunas zonas del país y afectando a los ganaderos legales que incluso quiebran al no poder competir en precios.
"Hace dos o tres meses se había bajado el precio de la carne en un pueblo del Cauca y la explicación parece ser que entró una cantidad enorme de ganado de un grupo criminal para ser vendido y obviamente el mercado bajó precios", dijo Suárez, de la Uiaf.
Esa estrategia se replica con otros productos del sector agropecuario, donde algunas cosechas bajan de precio sin importar los altos costos de la tierra. Los grupos criminales hacen jugosas ofertas de dinero por las parcelas y, si no se las aceptan, amedrentan a los dueños.
"Es difícil rechazar a los narcotraficantes", dijo un ganadero que tiene terrenos en el departamento del Meta, la más importante despensa alimentaria del oriente y centro del país. "Y también nos enfrentamos a los rebaños de ganado que entran ilegalmente de Venezuela como contrabando y que bajan el precio de la carne", afirmó tras pedir la reserva de su nombre.
'BROKERS' DE LO ILICITO
Algunos expertos señalan que los férreos controles de la banca han llevado a los criminales a buscar otras vías de entrada del dinero ilícito a través de sectores como el comercio exterior y la minería, esta última en pleno auge.
"Hay unos jugadores de ligas mayores, que son los que están metidos, que son los 'brokers' de lo ilícito, que toman drogas por un lado, dólares, lavado, armas y que se mueven de manera muy ágil por el mundo", sostuvo Ortega.
Carmen, la comerciante, explica cómo su jefe contrata en Panamá a una compañía aduanera que se encarga de ajustar los documentos de importación para evitar dificultades con las autoridades y de sobornar a los funcionarios para que su mercancía llegue a salvo hasta Bogotá. "Ellos subfacturan y son los que manejan a la aduana y se encargan de untar la mano a los (funcionarios) de la Dian para que no pongan problemas", precisó.
Ortega ha destapado algunas redes de funcionarios corruptos en la Dian que recibían millonarios pagos por parte de los criminales y algunos de ellos están detenidos enfrentando juicios, pero otros apenas están siendo investigados y siguen trabajando en la entidad.
En el caso de las exportaciones, se han identificado ventas ficticias de productos hacia países como Venezuela y Ecuador, algunas de las cuales son sobrefacturadas y otras ni siquiera involucraron el envío de mercancías.
"El narcotráfico se ha sofisticado y ha ampliado las actividades ilícitas a cosas relacionadas como la minería ilegal, los combustibles venezolanos y ecuatorianos", dijo Ortega, quien pone como ejemplo el caso del oro. "Setenta toneladas de oro es lo que el país dice que le está vendiendo al mundo (anualmente) con una cifra de casi 3.000 millones de dólares, cuando la producción de la minería legal conocida no llega a 15 toneladas", reveló.
Las exportaciones de oro representaron en el 2011 un 4,6 por ciento sobre el total de las ventas externas de
Colombia, superando productos tradicionales como el ferroníquel y el banano, según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).
Precisamente, el presidente Juan Manuel Santos ha anunciado medidas contra la minería ilegal, argumentando que se está usando como fuente de financiación de los grupos armados ilegales como las guerrillas de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Dentro de la maraña de los lavadores de dinero también se ha detectado el multimillonario negocio del tráfico de combustible en la frontera con Venezuela, en donde un galón de gasolina cuesta el equivalente a 0,02 centavos de dólar, frente a los 5 dólares que se paga en Colombia.
En la carretera que conecta a la Guajira con el resto del país, cerca de la población de Cuestecitas, destartalados automóviles equipados con tanques artesanales mimetizados entre los asientos y en pisos falsos atraviesan un puesto de control policial a costa de lo que sea.
En algunas ocasiones los contrabandistas de combustibles son apoyados desde las montañas cercanas por francotiradores de las Farc que hostigan a los policías y otras veces se valen de las denominadas caravanas de la muerte, en las que un camión embiste al retén policial y tras de él cruza hasta un centenar de autos repletos de gasolina.
"Son demasiados, vienen armados y nos tratan de atropellar", dijo uno de los policías, armado con un fusil Galil, aún nervioso después de que la noche anterior en el mismo sitio uno de sus compañeros fue herido en el pecho con disparos de escopeta y cuya vida fue salvada por el blindaje de su chaleco.
El tema es complejo si se toman en cuenta los cientos de miles de personas que no logran ubicarse en el mercado laboral formal y sobreviven con este tipo de recursos en un país con un desempleo que ronda los dos dígitos.
"¿Cómo más podemos alimentar a nuestras familias?", dijo Juancho después de ser detenido por la policía en un retén de una carretera, mientras su compañero logró escapar a toda velocidad en un viejo Renault 18 saltando sobre una barricada con púas. "Esto no lo acaba nadie", afirma tras explicar que se gana cerca de 30.000 pesos (unos 15 dólares) por cada viaje de cuatro horas para llevar el combustible venezolano hasta el departamento del César. "Mañana estaré de vuelta", dice.
ARTICULACION, LA CLAVE
A pesar de que las autoridades consideran que Colombia es uno de los países con una legislación de vanguardia en la lucha contra el lavado de activos, el cuello de botella está en la falta de personal y de presupuesto para hacer frente a los delincuentes, que sí cuentan con recursos casi ilimitados.
"Indiscutiblemente, nosotros tendríamos que triplicar el número de fiscales e investigadores que se dedican a ese tema con la finalidad de combatir el lavado de activos", admitió el fiscal general, Eduardo Montealegre, en una entrevista en Cartagena al margen de un congreso sobre el tema.
A pesar de las dificultades en materia de recursos, la clave para obtener mejores resultados está en lograr una articulación entre todos los sectores de la economía, así como una mayor cooperación internacional para ver el problema como algo global. "Uno de los problemas es que todos los países hemos enfrentado estas amenazas como si fueran amenazas independientes", anotó Suárez.
La Dian utiliza diversas estrategias para atrapar a los criminales. Algunas veces los acusa de otros delitos, como evasión impositiva, ante la dificultad de probar la relación con el narcotráfico. "Si no podemos perseguirlos por contrabando o por lavado, lo vamos a hacer por evasión de impuestos", agregó Claudia Rincón, jefe de fiscalización de la Dian, a quien la semana pasada le asesinaron una subordinada en la ciudad de Neiva que tenía a cargo cerca de 400 investigaciones de diversos temas.
Al ciudadano promedio podría parecerle que el dinero que ingresa impacta positivamente en la actividad económica. Pero Suárez pone el efecto en perspectiva. "Esto es como cuando se le inyecta morfina a alguien para paliar un cáncer; al principio se siente bien y tiene menos dolor, pero luego te mueres", dijo. "No hay forma de considerar el lavado ni siquiera parcialmente como bueno", agregó. "Yo creo que el último enemigo a vencer va a ser el crimen organizado, ese es el reto de la humanidad en el Siglo XXI", sostiene Suárez.
Reuters