La legitimidad que tiene el juez constitucional y control de la ley

De tiempo en tiempo resurgen las discusiones en torno a los poderes de los jueces constitucionales. ¿Quiénes son estos ‘sabios’ que tienen competencia para moldear el fruto de profundos debates en el Congreso de la República a partir de su interpretación de principios abstractos? ¿Qué les permite modular o simplemente desaparecer el resultado de una negociación con grupos de paz que se materializó en ley?

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junio 29 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-06-29

En síntesis, ¿cómo puede en una sociedad democrática terminar primando la voz de los jueces -funcionarios que no son elegidos directamente por el pueblo, y cuyo mandato tampoco está sujeto al periódico escrutinio popular- sobre la voz de la ciudadanía? El problema se resume en la legitimidad de la justicia constitucional como institución y la pregunta es tan antigua como el mismo constitucionalismo liberal. Estrenándose la Constitución de los Estados Unidos la respuesta se planteó por parte del mismo Alexander Hamilton a través de un razonamiento sencillo: el hecho de que el juez tenga el poder de negar la validez a una norma legislativa no implica de ninguna manera su superioridad frente a los legisladores. Tampoco implica poner en tela de juicio la “voluntad soberana del pueblo”. Por el contrario, la decisión de anular una ley es ratificar la supremacía de la Constitución, el documento que más fielmente refleja la voluntad soberana. En palabras de Hamilton en ‘El Federalista’, este razonamiento “no supone de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se encuentra en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, no los jueces deberán gobernarse por la última de preferencia sobre las primeras. Deberán regular sus decisiones por las normas fundamentales antes que por las que no lo son”. En este sentido, y tal como más adelante lo retomara el juez Marshall en el famoso caso ‘Marbury vs. Madison’ en 1803, el argumento de la Constitución como expresión mayor de la soberanía pasó a constituirse en una de las más sólidas y difundidas defensas del control de constitucionalidad. En los últimos tiempos, especialmente desde comienzos del siglo XX, cuando a partir del modelo austríaco se desarrolla en el mundo el sistema de control concentrado de constitucionalidad en un juez especializado, la posición es más clara y hasta cierto punto, de mayor aceptación. En 1985, con ocasión del análisis de la ley sobre la Nueva Caledonia, el Consejo Constitucional Francés (en un país de fuerte tradición legicentrista) sentenció: “la ley votada no constituye la expresión de la voluntad general si no es en el respeto de la Constitución”. Se trata claramente del reconocimiento de la supremacía de la Constitución, de su directo valor normativo y, en consecuencia, de la necesidad de un mecanismo eficiente para su protección. LA INTERPRETACION DE LAS NORMAS Evidentemente hay enemigos del control de constitucionalidad como manifestación de la superioridad de la Carta, que cuentan con argumentos interesantes, entre ellos: La representatividad original es susceptible de cuestionamiento (el ‘pueblo’ en la Constitución americana no incluía ni mujeres, ni esclavos, ni personas de color, entre otros), también lo es su permanencia en el tiempo (se requiere de pesados formalismos para la revisión constitucional independientemente del interés popular y del consenso generalizado), así como el hecho innegable de la densidad de las normas constitucionales, de donde se deriva su necesidad de interpretación (es una lectura de la Constitución entre varias posibles la que se plasma en cada sentencia). El hecho de que la interpretación de normas generales, principios y valores en la Constitución sea necesaria para controlar las leyes, hace que la labor de juez constitucional sea especialmente compleja e importante."La legitimidad del modelo de control constitucional se adquiere poco a poco y por el trabajo que desarrolla el mismo juez. Su coherencia, rigor y objetividad en las decisiones deben permitir que la supremacía real sea de la Constitución”.

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