El primer concepto está relacionado con la remediación o compensación ambiental de un humedal afectado por la empresa Brisa S.A., que según ella ya se cumplió, y el otro con la concertación entre la empresa y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El ministerio del Interior emitió un concepto el pasado 10 de marzo en el que establece que el procedimiento para la realización de la concertación -se hicieron tres reuniones formales y los indígenas no asistieron- ya fue agotado, pero que se va a diseñar un mecanismo para que los aborígenes puedan ingresar a realizar sus ritos de pagamento, en el lugar donde se va a construir el puerto.
"Con base en estos dos conceptos, tanto el técnico en lo ambiental como el del ministerio del Interior, nos corresponde entonces dirimir en los próximos días el levantamiento o no de la medida de suspensión", explicó Zapata, durante una audiencia pública presidida por la Contraloría General de la República en Riohacha.
En el encuentro el cabildo gobernador kankuamo, Jaime Arias, quien tomó la vocería de los pueblos indígenas del macizo montañoso, ratificó su postura sobre la afectación de este proyecto al cerro Jukulwa, un sitio que para ellos es considerado sagrado y de gran importancia para la conservación de su cultura y del ecosistema de la zona. El debate continúa en los próximos días.
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