La libre competencia en cementeras

De acuerdo a lo registrado en los medios, hubo una reunión entre el Presidente de la República y empresas productoras de cemento cuyo resultado sería la disminución de los precios del bulto de cemento. Con ello pretendieron zanjar la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de si las fábricas habrían o no acordado precios y repartido entre sí el mercado. ¿Son legales los acuerdos anticompetitivos en los que participe el Gobierno ?

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febrero 27 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-02-27

Por expresos mandatos constitucionales las autoridades están instituidas para defender a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades, así mismo, los servidores públicos son responsables por la violación de la ley y la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En el artículo 333 de la Constitución Política se señala, entre otras, que “la libre competencia económica es un derecho de todos …” y que el Estado, “… por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica”. La pieza legal fundamental de implementación de esas 2 disposiciones es la ley 155 de 1959 en la forma como quedó adicionada y modificada con el decreto 2153 de 1992. Tanto en el texto original del artículo 1 de la ley 155 de 1959 cómo en el artículo 47 del decreto 2153 de 1992 están prohibidos los acuerdos para fijar precios y para repartirse los mercados. Dado que la conducta es ilegal, las entidades que acuerden precios o se repartan los mercados deben saber que: su acuerdo tiene objeto ilícito; las conductas serán investigadas y sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio o la superintendencia sectorial que pudiera tener competencia a ese respecto; y que, deberán pagar a los usuarios y competidores los perjuicios y mayores costos en que los hayan obligado a incurrir, sea por una demanda ordinaria o una acción de grupo. Ahora bien, en el artículo 49 del decreto 2153 de 1992 se establecieron excepciones a las disposiciones a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas. Ninguna se refiere a la buena voluntad que pudiera tener el Presidente de la República para con los infractores. También, en el parágrafo del artículo 1 de la ley 155 de 1959 se contempló la posibilidad de autorizar acuerdos que, no obstante limitan la libre competencia, tengan por fin defender la estabilidad de un sector básico de la economía. A todas luces el parágrafo no aplica al caso planteado: La autoridad que hoy tiene competencia para dar esas autorizaciones no es el Presidente de la República, sino el Superintendente de Industria y Comercio, mediante resolución y siguiendo un complicado y muy exigente procedimiento; y, la autorización debería haber sido previa y no ser la bendición a una infracción consolidada. Obviamente, si lo que se pretende es favorecer a los dueños de las cementeras, siempre queda la posibilidad de fijar los precios por decreto: Pero, debería entonces recordarse que Colombia apostó por una economía de libre mercado dentro de ciertos límites, como lo ha reconocido y defendido la Corte Constitucional y es al Estado a quien le corresponde precisamente, velar porque esto se cumpla. Si lo que se pretende es que existan precios justos en el cemento o cualquier otro bien, existen dos caminos. Se regula mediante ley, o se impone la competencia como único instrumento para redistribuir la riqueza y lograr que las fuerzas de oferta y demanda fijen el nivel de precios competitivos.

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