Un total de 136.400 deudores que en los últimos meses han tenido complicaciones a la hora de pagar sus créditos han podido modificar sus obligaciones en tasas y/o plazos para ponerse al día sin que se vea afectada su calificación crediticia.
En plata blanca, esto son casi 3 billones de pesos, según datos de la Superintendencia Financiera con corte a julio. De ese monto, dos tercios corresponden a préstamos comerciales, y un 28,5 por ciento a créditos de consumo.
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Sin embargo, la mayoría de las personas que decidieron acogerse a este beneficio lo hizo con el fin de ajustar sus créditos de consumo (92,7 por ciento), y hay un 4,34 por ciento de usuarios financieros que pidieron modificar sus microcréditos.
Esto ha permitido que la gran mayoría de los usuarios puedan volver a cumplir con sus obligaciones y evitar un mayor deterioro del crédito. El superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, señaló que “la posibilidad de que los deudores se ajusten al ciclo económico ha sido bastante positiva, porque ha permitido que muchas personas logren ajustar los pagos de sus créditos a su realidad económica. De hecho, hemos visto que por cada 100 deudores hay 90 que logran seguir pagando sus deudas sin que les cambien la calificación”.
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El jefe del ente de control añadió que el otro 10 por ciento son casos en los que “la renegociación no funcionó, el deudor dio información incorrecta, o simplemente no pudieron seguir pagando por un deterioro en sus condiciones económicas, por lo cual pasaron a una reestructuración, con las consecuencias que eso tiene”.
Justamente, un crédito reestructurado implica un reporte del deudor a las centrales de riesgo, y que las entidades financieras deban constituir provisiones.
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Como se recuerda, esta medida, lanzada en octubre del año pasado, tiene vigencia permanente y aplica para préstamos de consumo y microcréditos en los cuales la mora no supere los 60 días, y para los de vivienda y comerciales que tengan máximo 90 días de vencimiento.
Vale señalar que esta norma no es una amnistía, sino que busca ayudar a facilitar los pagos con menos implicaciones tanto para el deudor como para la entidad.
Cuando entró en vigencia, alrededor del 40% de la cartera vencida de ese momento (unos 8 billones de pesos) podría ser objeto de renegociación, representada en casi 600.000 créditos.
Esta reestructuración de los créditos ha sido reconocida por el Fondo Monetario Internacional y por las calificadoras de riesgo. Recientemente, S&P dijo que la posibilidad de modificar los créditos fue, entre otros temas, una de las medidas para ayudar a las autoridades a identificar problemas de manera temprana para que las entidades bancarias tomen correctivos.
Actualmente, el saldo de cartera vencida asciende a 22 billones de pesos, lo cual quiere decir que, por cada 100 pesos prestados hay 4,94 pesos en mora. Del total de créditos con retrasos superiores a 30 días, el 52% (poco más de 11 billones de pesos) corresponde a los préstamos comerciales.
Este ha sido el segmento de mayor deterioro, en particular por varios casos puntuales. Por ejemplo, la deuda de Electricaribe asciende a 1,7 billones de pesos, en el proyecto Ruta del Sol II están pendientes 1,8 billones de pesos, y de los sistemas de transporte masivos, el de mayores inconvenientes es el de Bogotá, cuyo saldo es de 2,4 billones de pesos.
Entre tanto, los saldos vencidos en créditos de consumo están en 7,6 billones de pesos, que son un tercio del total, monto que también ha moderado su crecimiento.
MÁS MEDIDAS PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO
En sintonía con el proceso de transformación digital de la industria financiera, actualmente se están trabajando varias iniciativas para simplificar trámites de cara al consumidor financiero.
El superfinanciero, Jorge Castaño, anunció que a partir de marzo del año entrante será obligatoria la identificación biométrica para algunos trámites en entidades financieras, como aperturas de cuentas, retiros de altas sumas de dinero, y otros aspectos en los que hay que asegurarse que quien los haga es efectivamente el dueño del producto. “Esto ayuda a reducir el fraude y el riesgo de suplantación, se disminuyen los costos y se le hace la vida más fácil al usuario”.
Otro de los temas en los que trabajarán, de la mano con la Asociación Bancaria es en un número único de identificación financiera. Esto facilitará la validación de los datos que un usuario ha suministrado previamente, con lo cual se simplifican los procesos de vinculación a algún producto o servicio financiero.
Pero además, hace más sencilla la movilidad de las personas entre entidades financieras, lo que a la larga motivará una mayor competencia entre los bancos por conservar sus clientes.
Adicional a esto, se está diseñando un buzón único para procesar las peticiones y quejas de los usuarios financieros, con el objetivo de que en un solo lugar se reciban las reclamaciones y por medio de un sistema inteligente se redireccionen a quien corresponda. Actualmente, la persona debe acudir a la entidad, al defensor financiero y a la Superfinanciera, todo por separado.
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