Como los acontecimientos se suceden a una velocidad de vértigo, no hay tiempo para comentar algunos con la profundidad y el cuidado requeridos. Por lo general, se torna imperativo el comentario liviano como para dejar constancia de que hubo algún grado de preocupación sobre las diversas cuestiones. Es dentro de esa tónica, entonces, que me referiré a dos temas convertidos en factor constante de perturbación para la buena marcha de la cosa pública: la persistente inestabilidad institucional y el papel que se le ha dado a las finanzas territoriales en el contexto del esquivo equilibrio fiscal.
Comenzando por el último de los asuntos citados, cabe anotar de manera categórica que no está bien asignarle a las entidades territoriales el papel de ajustadoras del desequilibrio fiscal, porque simplemente no lo tienen y no lo pueden cumplir. Hace pocos meses, rebosantes de orgullo y con inocultable aire de triunfo las autoridades entregaban a los medios las cifras sobre los resultados de la gestión fiscal del año pasado: según los registros, el equilibrio en el sector público era un hecho y el desbalance del Gobierno Central había descendido en forma notable. Gracias a la combinación: superávit del resto del sector público y reducción del descuadre del Gobierno Central, el consolidado mostraba signo positivo. Días después de la entrega del parte de victoria, los mismos protagonistas del episodio de alegría, le reclamaban a las entidades territoriales por la baja ejecución de sus presupuestos, justo en los momentos en que se dibujaban en el firmamento económico densas nubes negras de crisis. Cómo era posible que en época de 'vacas flacas', cuando se necesita darle un fuerte empujón a la decaída demanda interna, los departamentos y los municipios se recuestan en las cómodas almohadas de la inacción presupuestal. Extraño mundo el descrito, en especial por asignarles a los acusados un papel que no les corresponde.
La otra cuestión a la que quiero referirme es a la de la inestabilidad institucional, tan mentada y tan poco considerada en los medios políticos.
A la manera del estribillo de cualquier canción, doctos y profanos repiten sin cesar: para alcanzar elevados grados de desarrollo económico y niveles altos de libertad personal y seguridad física para los ciudadanos es indispensable contar con instituciones muy sólidas y gozar de gran estabilidad en este aspecto. Como si el diálogo fuera entre sordos, lo primero que hacen los políticos y, porqué no decirlo, gentes vinculadas a los gobiernos, es precisamente contrariar el importante mensaje. En los discursos y en las exposiciones de todos estos personajes lo primero que ofrecen es cambiar la Constitución o las normas de manera que se satisfagan los intereses de los partidarios, por lo general grupos minoritarios o de presión. Para avalar esta afirmación, basta hacer el inventario de los cambios introducidos a la Carta del 91 en los escasos 18 años de vigencia, y los que están en trámite. Eso sin hacer referencia a las numerosas reformas tributarias que han dado pie para la introducción de una figura especial denominada 'contratos de estabilidad fiscal'.
Para los economistas, la receta normal es que un sistema político debe hacer cumplir el Estado de Derecho, mantener los derechos de propiedad y limitar al mínimo posible las intervenciones del Gobierno en la economía. Eso suena bien. Pero si hubiera competencia política. Como no la hay, no funciona.
