Nueva discusión entre Gobierno y Distrito por viviendas

Ni la administración, ni el concejo municipal de Bogotá, pueden desconocer la Ley 388 de 1997 ni la 1537 del 2012.

El Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras.

Ministerio de Vivienda

El Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras.

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enero 30 de 2013 - 05:33 p.m.
2013-01-30

El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, dijo que los concejos municipales, a través de los Planes de Ordenamiento Territorial, deberán establecer  los porcentajes de suelo urbanizado que se les exigirán a los constructores para impulsar el desarrollo de vivienda para los más pobres, que -agregó - no podrán ser inferiores a 20 por ciento.

Así lo anunció al dar a conocer los alcances de los decretos  075  del 2013  y 2729 del 2012 (control de precios para compra de predios) que buscan habilitar suelo para la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Aclaró que la exigencia de los porcentajes no es nueva y existe desde 1997 con la Ley 388, que fue reforzada por la Ley de Vivienda Gratuita (1537) promulgada el año pasado.

“Y contrario a lo que dijo la administración distrital en días pasados, no es cierto que las normas segreguen a los más necesitados.

“Simplemente, buscan que los municipios regulen, en ejercicio de su autonomía, las condiciones arquitectónicas de la VIS y  de la VIP para evitar los falsos proyectos”, explicó  el jefe de la cartera, quien reiteró que está en absoluto desacuerdo con la opinión de que se deja de lado a los más pobres.

El Ministro aclaró que el artículo 8 del Decreto 075 dice de manera expresa que la norma rige para los dos tipos de vivienda, en los porcentajes que determinen los concejos.

“Y es que la administración le da una interpretación errada, pues el 20 por ciento de cesión es sobre el suelo y no sobre los porcentajes de construcción, como lo quiere dar a entender Bogotá.

Si fuera así, se encarecería en un 40 por ciento el valor de cada proyecto”, dijo Vargas Lleras.

Enfatizó que los constructores están obligados a compensar el suelo, pero pueden hacerlo dentro del perímetro y no necesariamente dentro del centro ampliado que –asegura- es donde está la diferencia con la administración.

Finalmente, el Ministro destacó que los decretos eliminan los falsos proyectos VIP, en la medida que profundizamos la autonomía de los alcaldes para que sean ellos quienes fijen criterios.

"El tema de Bogotá contrasta con la buena acogida que han tenido los decretos en ciudades como Medellín, Manizales y Valledupar, que celebran que se profundice en la autonomía de los entes territoriales", concluyó.

El secretario de Planeación de Bogota, Gerardo Ardila, aseguró que el decreto sobre vivienda del Gobierno nacional condena a los extramuros de la ciudad a los pobres, porque se restringe la construcción de vivienda de interés prioritaria.

Según Ardila, eso ocurre porque el decreto ordena que la vivienda de interés prioritario solo pueda hacerse en zonas de desarrollo, que en el caso de Bogotá está en las zonas de expansión, en la periferia.

El funcionario cuestionó que el decreto les restrinja los porcentajes de obligación a los constructores y que además haya subido el techo de la vivienda de interés prioritario de 135 a 175 salarios mínimos legales. “El decreto apunta a reforzar la segregación, a mantener la gente de menores recursos por fuera  de la ciudad”, dijo Ardila

En su criterio, el decreto “responde a una visión muy anticuada  del desarrollo urbano, que piensa en zonas exclusivas residenciales, de comercio o de servicio”.

Autoridades de Medellín y Manizales respaldan nuevo decreto

“La expedición de la norma y la reglamentación permiten derogar los Decretos 2060 y 2083 del 2004, que servían de sustento jurídico y normativo a los proyectos denominados ‘falsos VIP’”, explica una comunicación del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), en el que recuerda que eran aquellos desarrollados por urbanizadores en suelos económicamente inviables para la comercialización de viviendas, cuyo tope es de 70 salarios mínimos mensuales.

Vale recordar que el Instituto, por instrucción del alcalde Aníbal Gaviria, quien ha liderado las acciones administrativas para la denuncia y control de estas obras, le solicitó en repetidas ocasiones al ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la derogatoria. 

Según el Isvimed, seguirán acompañando a la comunidad en la atención de las denuncias de desarrollos que actualmente se encuentran radicados en las curadurías.

Igualmente, destacaron la recuperación de la autonomía municipal para la reglamentación de los usos del suelo, en materia de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS), lo cual -sin lugar a dudas- quedará plasmado en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. 

La alcaldía de Manizales también se pronunció sobre la expedición del Decreto 75 y, contrario a la opinión de la alcaldía de Bogotá, la recibió con beneplácito, ya que “las administraciones municipales tendrán las garantías legales para exigir porcentajes de suelo para la construcción de VIS y VIP”.

“El nuevo decreto es de especial importancia para Manizales pues impactaráde manera positiva el desarrollo y ejecución de las obras que se estructuran en el macroproyecto de interés social y renovación urbana del centro de la ciudad”, concluyó.

Gabriel E. Flórez G. / Redacción de Economía y Negocios

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