El sector de las telecomunicaciones en Colombia volvió a estar bajo la lupa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que en esta ocasión entregó un detallado reporte en el que analiza la labor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Si bien la Ocde aclara que el informe no pretende evaluar el desempeño de la CRC, sí incluye una serie de recomendaciones que podrían ayudar al regulador en su misión al frente de la industria.
Como ya lo había hecho en su informe sectorial de 2014, la Ocde cuestiona la estrecha relación del Gobierno con el regulador, que “podría debilitar la capacidad de la entidad de tomar decisiones de largo plazo para el sector” y proteger dichas decisiones regulatorias de los ciclos electorales y la interferencia política.
La organización considera que la posible interferencia del Ejecutivo en la regulación del sector de telecomunicaciones es un fenómeno particularmente importante en Colombia ya que el Gobierno tiene una participación del 30 por ciento en Movistar, el segundo operador móvil más grande del mercado colombiano.
Dentro de la estructura de la CRC, el Gobierno tiene dos de los cinco puestos que conforman la junta directiva, las cuales son ocupadas por el Ministro de las TIC y el Director de Departamento Nacional de Planeación.
De acuerdo con la Ocde, es necesario marcar una clara distinción entre las funciones políticas desempeñadas por el ejecutivo a través del MinTIC y el DNP, y las funciones regulatorias de la CRC.
Dicha distinción del papel de la CRC podría requerir ‘repensar’ la relación institucional entre el Ministerio y la CRC y el papel de consejería de la Comisión en la cartera de telecomunicaciones.
Aunque ya ha pasado un año desde que la Ocde entregó su paquete de recomendaciones frente a la industria de las telecomunicaciones en Colombia, aún no se conoce cuál será el plan de acción del Gobierno al respecto.
LÍO DE VIEJA DATA
Anteriormente desde la misma CRC se ha mantenido el hermetismo frente al tema, el cual es manejado estrictamente por Presidencia de la República.
En repetidas ocasiones desde el Gobierno se ha dejado claro que las opiniones emitidas por la Ocde no son una camisa de fuerza a la que el país se deba someter, sin embargo, es de suponer que Colombia tomará en cuenta las recomendaciones si quiere ingresar a dicho club de buenas prácticas de gobierno.
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