Otro paro por cooperativas de trabajo preparan 3.000 trabajadores en puerto de Buenaventura

Buscan que les resuelvan su problemática laboral, so pena de iniciar un cese que pondría en vilo la movilización de la carga de los 2.000 camiones que a diario son atendidos en esta terminal marítima.

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octubre 31 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-10-31

Según ellos, su salario es demasiado bajo, no se benefician de las prestaciones sociales de ley y están sometidos a extenuantes jornadas de hasta 12 horas.

De nada ha valido la reciente firma de un convenio entre el Ministerio de la Protección Social y la Sociedad Portuaria de Buenaventura con el fin de crear una oficina que vigile la situación de los trabajadores de la terminal.

Sobre el particular, los sindicatos expresan que ellos no tienen nada que ver con el acuerdo, por lo cual no los beneficia en nada.

Tampoco han prosperado las reuniones encaminadas a buscar una solución, pues no hay respuestas concretas, asegura el presidente de Sintramarítimo, Harold Alegría.

El dirigente sindical afirma que los operadores portuarios, responsables de contratar a estas personas, han negado todas sus peticiones.

"Como los contratos entre las Cooperativas de Trabajo Asociado -conformadas por los trabajadores- y los operadores portuarios no son muy buenos, no dan para que se le pague bien al trabajador.

Así no se le garantiza un buen salario al empleado", explica Alegría.
Sin noticias de las inspecciones Giovanny Saavedra, directora territorial del Ministerio de la Protección Social en el Valle del Cauca, afirma que esta cartera ha estado adelantando varias acciones en Buenaventura.

"Esperamos que esto no lleve a la misma situación del sector azucarero (el paro de los corteros de caña). Nosotros asumimos unos compromisos que venimos atendiendo", sostiene la funcionaria.

De acuerdo con el inspector de Trabajo de esta ciudad de la Costa Pacífica, Hélmer Atehortúa, por orden del Ministerio se han visitado los 150 operadores portuarios con el propósito de verificar si cumplen con los requisitos de ley o no, pero aún no se conocen los resultados de estas pesquisas.

Mientras tanto, las alarmas siguen encendidas. "Los corteros, en el caso de los ingenios azucareros, y los estibadores, en el de los puertos, son personas que solo tienen necesidades, y sin autonomía para decidir cuál su vinculación laboral. En esos casos el Estado los debe proteger", afirma el procurador delegado para Asuntos de Trabajo, Oswaldo Duque.

Para él es necesaria una conciliación justa entre las partes, que conlleve a acuerdos locales, establecidos por producción o por áreas de actividad económica.

"En estos casos hay que establecer una forma jurídica especial y para eso está disponible la norma, principalmente el Código Sustantivo del Trabajo", agrega.

A su juicio, en los puertos se observan condiciones de precarización del trabajo, que pueden conducir a que la problemática "explote como pólvora".

El propio procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, ha advertido en varias circulares que las empresas que contraten mano de obra a través de precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), en una típica operación de intermediación laboral, tienen que responder por las obligaciones económicas que se causen en favor de los trabajadores asociados.

Esto, porque el Decreto 4588 del 2006 prohíbe la intermediación a través de esta clase de cooperativas.

En las últimas semanas ha aumentado el inconformismo entre los asociados a muchas precooperativas y CTA. Según ellos, estas no actúan como tales sino como intermediarias del mercado de trabajo. Así, como ha denunciado Maya, les desconocen sus derechos de tipo laboral, prestacional, sindical y de seguridad social.

'Es un paro anunciado'

"Al decir que no regulan tarifas (precios de las jornadas de trabajo), los ministerios de la Protección Social y de Transporte no nos están dejando otra alternativa que acudir al cese de actividades", argumenta el presidente de Simbramarítimos, Celso Castro, representante de una de las cinco asociaciones que congregan a los trabajadores encargados de mover la mercancía que entra y sale del país por la terminal vallecaucana.

Toda esta situación se agrava con el hecho de que 43 trabajadores adicionales han fallecido en el interior de la terminal.

Este diario trató de consultar la opinión de los operadores portuarios, pero estos no quisieron pronunciarse al respecto.

"Este es un paro anunciado y será responsabilidad de los ministerios de Transporte y de la Protección Social. Si hay cese de actividades, será consecuencia de la negligencia y la no intervención oportuna del Gobierno, representado por estas entidades", advierte Humberto Sanabria, representante a la Cámara por el Valle del Cauca (conservador), quien ha estado al tanto de la situación. 

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