Pero el hecho de que el proceso licitatorio se aplazara por undécima vez estimuló las protestas y denuncias de los miembros de varios consorcio.
"Uno de los proponentes no presentó la totalidad de los documentos exigidos en el pliego de condiciones. No entendemos cómo se emite un informe de evaluación y se le entregan las propuestas de los otros. Es evidente que no estamos en igualdad de condiciones", dice una denuncia que será enviada a la Procuraduría General de la Nación con el nombre del presunto grupo favorecido.
Y añade que el director del Invías, Daniel García, no ha dado explicaciones satisfactorias sobre los tres aplazamientos en el proceso de selección y los ocho para la apertura de propuestas económicas.
Además, el procedimiento usual para pedir formalmente una prórroga se hace por intermedio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), pero este diario estableció que por allí no pasó solicitud alguna en ese sentido.
Tampoco se hicieron peticiones de aplazamientos en el reciente Congreso Nacional de Infraestructura, un espacio apropiado para esos temas. "Siempre que hay modificaciones de pliegos el camino es la Cámara", dijo una fuente de la CCI.
Otras empresas consultadas expresaron su inquietud por los efectos de la prórroga, pues hay consorcios que no han pasado pruebas como la evaluación jurídica, lo que podría significar un nuevo alargue de una licitación que ya ha fracasado en cuatro oportunidades, una durante la administración de Álvaro Uribe.
'Todo es transparente'
En la puja están participando ocho consorcios: Poscoenc-Daewooeng, CMGA, Plan Vial Pacífico 2008, Conlínea, Impre-Com-Tec, GTC, Segundo Centenario y Tunnelexa.Al respecto, fuentes del propio Invías aseguraron que la modificaciones que ha sufrido el proceso obedecen a solicitudes por escrito radicadas por diferentes consorcios.
Pero varios de estos niegan tales solicitudes y piden que se publiquen las radicadas. Ante las dudas despertadas por el accidentado proceso, fuentes de la Casa de Nariño indagaron con Daniel García, cabeza del Instituto, quien aseguró que "el proceso ha sido transparente y legal".
No obstante, la reciente sanción que la Procuraduría General de la Nación le impuso al joven funcionario -17 años de inhabilidad por 11 faltas disciplinarias, incluida falsedad en documentos- lo ha convertido en otro factor de duda para los licitantes.
Temor por sanción a García
Algunos de ellos le expresaron a EL TIEMPO su temor de que si la sanción a García es ratificada la adjudicación de este y de otros contratos se pueden venir abajo por estar en cabeza de un funcionario inhabilitado. Incluso, no descartan futuras demandas de los consorcios que resulten perdedores. En cualquier caso, el Invías recuerda que la ley le permite al Gobierno Nacional modificar el cronograma de las licitaciones las veces que lo considere conveniente.
