Piden definiciones en tercer canal, tras decisión de que adjudicación sea revisada por Consejo de Estado

Planeta sostiene que el proceso se puede abrir sin esperar pronunciamiento del Consejo. Según cronograma establecido por el Gobierno la concesión debió ser adjudicada en octubre del 2008.

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agosto 31 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-08-31

La decisión del Ministerio de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) de elevar una consulta ante el Consejo de Estado para aclarar los reparos jurídicos realizados por los organismos de control a la licitación del tercer canal privado ya está generando reacciones entre los conglomerados interesados en el proceso.

Precisamente, el Grupo Planeta de España, cabeza del consorcio Canal 3 Televisión de Colombia, radicó el fin de semana una carta dirigida a la ministra María del Rosario Guerra y al director de la CNTV, Juan Andrés Carreño, en la que expresa su preocupación por el eventual aplazamiento de la apertura de la licitación.

La inquietud es mayor si se tiene en cuenta que este retraso no es el primero que sufre el cronograma de la licitación cuya adjudicación estaba prevista, en un principio, para octubre del año pasado.

Como se sabe, la ministra Guerra le pidió al Consejo de Estado su concepto en aspectos como: existe o no inhabilidades de algunos de los interesados en esta licitación por contar con socios que son actuales concesionarios de TV; y si es necesario realizar la adjudicación de este canal por subasta o si el proceso puede continuar baja el modelo diseñado por la CNTV.

Respecto a las inhabilidades, Planeta recuerda en su misiva que durante los últimos 12 años se ha aplicado el mismo criterio legal, según el cual un concesionario de TV puede renunciar a esta condición en caso de aspirar a ser titular de otra concesión.

Incluso, el grupo español recuerda que los actuales operadores RCN y Caracol se acogieron a este principio hace 10 años cuando pasaron de ser programadores de espacios de TV a concesionarios de un canal privado. No solo hay conceptos en esta materia, sino decisiones en las licitaciones de televisión local y de cable.

Así las cosas, para Planeta tanto la participación de CEETV (Citytv) y RTI en Canal 3 Televisión de Colombia, como de Compañía de Medios Información (CM& Televisión) en el consorcio Promotora Audiovisual de Colombia (Pacsa), liderado por el grupo español Prisa, no pueden constituirse en causales de una inhabilidad.

Al respecto, Sergio Michelsen, asesor jurídico de Prisa, señaló que la ley es clara en este aspecto y el Consejo de Estado no tendrá problemas en ratificar esta posición.

En lo que tiene que ver con la subasta, Planeta expresó su extrañeza por la falta de decisión de la CNTV a la hora de defender el modelo que diseñó para adjudicar el tercer canal, ya que "no solo es un mecanismo de selección objetiva sino que también maximiza los recursos del Estado, pues apunta a mejorar el precio base de 69.276 millones de pesos", definido por la entidad.

Así mismo, rechazó el hecho de que la CNTV no rectifique a quienes hacen interpretaciones erradas de la Ley de 1341 del 2009, contraria a la que el Gobierno defendió en el Congreso.

"Basta simplemente leer la norma para concluir que lo que la misma exige, cuando haya pluralidad de oferentes interesados en una banda, es que se apliquen procesos de selección objetiva, entre ellos la subasta".

Planeta no se opondría a la subasta

Planeta también indicó que estaría de acuerdo si la CNTV decide realizar una subasta, "si la adopción de ese mecanismo sirve para terminar las dilaciones y para darle tranquilidad a los organismos de control".

Incluso, le recomienda a la entidad que si "quiere subasta, bastaría simplemente con eliminar el sobre No. 2, que antes era cerrado, por una propuesta abierta, continua y de viva voz".

Para Weiner Ariza, asesor de Planeta y experto en temas de televisión, "si la CNTV va a esperar el pronunciamiento del Consejo de Estado, bien puede ordenar la apertura de la licitación, celebrar la audiencia de asignación de riesgos y disponer que la fecha de presentación de las ofertas sea posterior al pronunciamiento del Consejo de Estado. La verdad, en todo caso, es que no había razones para que la misma se formulara y mucho menos para que con fundamento en ella se aplace la apertura de la licitación".

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