Hoy se cuestiona la lentitud en la actuación de las autoridades para frenar el fenómeno de las pirámides y el hecho de que nadie acepta que tenga responsabilidad ante el estallido del fenómeno.
No solo fueron las denuncias a través de los medios de comunicación desde hace casi dos años. También fueron las cartas de autoridades locales y comerciales manifestando su preocupación por el fenómeno creciente de las pirámides.
A las superintendencias las señalan porque empezaron a actuar tarde ante un fenómeno que se hizo notorio hace dos años. Los superintendentes, por su parte, señalan a los mandatarios locales, y el Ministerio de Hacienda a la Fiscalía General.
Por supuesto, caen culpas a los clientes que se metieron en el juego a pesar de múltiples advertencias, y hasta el Congreso, por no haber tramitado aún una ley que, además, los bancos dicen que de poco serviría.
Para la muestra varios botones: el superintendente Financiero, César Prado, dice que los mandatarios se han quejado pero no enviaron evidencias.
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que hace varios meses le había planteado al Fiscal General la creación de un bloque de búsqueda que trabajara en el tema de las pirámides.
Y a él le caben responsabilidades. Desde el 13 de junio, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, le envió una carta en la que advertía del grave problema que se presentaba en Pasto "que está poniendo en peligro la estabilidad económica y social de su gente, y es la proliferación de las llamadas 'pirámides' que, como es bien conocido, es una forma ilegal de captación masiva de recursos del público", decía la misiva.
Y agregaba que los afiliados en esa ciudad tenían conocimiento de una persona que huyó con más de 5.000 millones de pesos provenientes de incautos ciudadanos.
Culpas 'a diestra y siniestra'
Este jueves, el superintendente Financiero, César Prado, reconoció que ha recibido algunas cartas de mandatarios locales y habló de una de hace varios meses del gobernador de Nariño, Antonio Navarro, en la que manifestaba su preocupación por el creciente fenómeno y también habló de los mensajes que le enviaron a través del Ministro de Defensa por el mismo fenómeno.
Sin embargo, dijo que los mandatarios no habían enviado evidencias que le permitieran a la entidad abrir una investigación.
Y el miércoles cuando anunció la decisión sobre DRFE, ante una pregunta de por qué no había actuado antes dijo: "Porque la Superfinanciera está diseñada para vigilar entidades legalmente constituidas y nos ha tocado ensamblar y crear formas para detectar este ilícito. Hemos detectado unas 230 empresas que posiblemente son captadoras ilegales de dinero del público. Es una tarea descomunal porque son empresas con alta informalidad".
Y el ministro Zuluaga, además de recalcar el tema del bloque de búsqueda advirtió que hay unas que se han "camuflado" jurídicamente y hacen difícil a las autoridades actuar de manera expedita.
Dijo que hay un grupo de funcionarios especializados de la Dian y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que está haciéndoles seguimiento a las pirámides.
Para el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, hubo tardanza del Gobierno para prohibir y actuar en el tema de las pirámides. "Los dejaron prosperar y se convirtieron en un monstruo de dos cabezas".
Y continúa: "Hubo tardanza, pero hubo también una patética ingenuidad, no solo de los ahorradores, sino del mismo Gobierno, como se trasluce en la frase pronunciada por el presidente Uribe, que textualmente dice: "a los inversionistas internacionales tenemos que decirles que cualquier dólar que haya logrado escapar de la pirámide de Wall Street... que lo traigan para acá, que aquí les queda seguro". Esto muestra la ligereza con la que él ha visto el tema de las pirámides", aseguró Restrepo.
Pero la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, si bien reconoce que el Gobierno ha trabajado en el tema, también cuestiona el hecho que le ha faltado "astucia" para frenar el problema.
Pero para ellos, los responsables directos han sido los 'ahorradores'. Es más, considera que la traba está en que el dinero fácil atrae a muchas personas y "los bancos solo pagan el 10 por ciento, pero con la garantía de que el capital no se va a perder".
Manifestó que en el tema de la penalización de la captación ilegal de dinero, también se debe configurar como delito el uso de tarjetas prepago para este propósito, pues bajo la normatividad actual, quienes se dedican a este tema "han logrado encontrar la protección de la Ley y lo que se requiere es demostrar que hay delito".
Por eso cree que el proyecto de ley radicado por los ministerios de Hacienda e Interior para ahondar las penas por captación ilegal ha sido insuficiente, justamente porque le falta tipificar lo que se puede hacer con las tarjetas prepago, para saber cuándo se configura delito.
Y a los 'inversionistas', que algunos califican de incautos y otros de ambiciosos, les llueven críticas de todas partes.
"Es muy grave la falta de colaboración de la ciudadanía que jamás denuncia, presta concurso para estos hechos y luego sí reclama", dijo el Superintendente Financiero.
"Después de todo lo que ha pasado, la gente sigue vendiendo sus cosas o buscando préstamos para ir a poner su plata en esas entidades y en operaciones que no están amparadas por el Estado", manifestó este jueves el ministro Zuluaga.