El Plan de Acción Laboral (PAL) fue acordado entre Colombia y Estados Unidos como pre-condición para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
McGovern y Miller hacen parte del Grupo Legislativo para el Monitoreo de los Derechos Laborales en Colombia, una comisión que se creó de la Cámara de Representantes tras la aprobación del TLC en octubre del 2011.
Si bien el informe destaca algunos de los esfuerzos del gobierno, entre ellos nuevas directrices para controlar la intermediación laboral que se venía aplicando a través de las cooperativas y la creación de un Ministerio del Trabajo, luego dice que el Estado se ha quedado muy corto a la hora de cumplir con las obligaciones adquiridas.
¨Muchas de las promesas históricas de incrementar las protecciones y mejorar las condiciones para los trabajadores aún no se materializan...Muchas de las personas a las que entrevistamos creen que las condiciones antes han empeorado¨, dicen los legisladores en el reporte.
De acuerdo con el informe, las amenazas y asesinatos de sindicalistas continúan mientras la impunidad sigue siendo la norma.
¨Como mínimo, durante el 2012 se registraron 413 amenazas y 22 trabajadores fueron asesinados por su actividad sindical.
Desde que el presidente Santos llegó a la presidencia y hasta el abril 1 del 2013 ya se han registrado 991 amenazas de muerte¨, sostienen tras indicar que el temor a la violencia y las represalias de los empleadores contribuyen a que solo un 4 por ciento de los trabajadores colombianos estén sindicalizados.
Subrayan, también, que en el 90 por ciento de los casos relacionados con violencia sindical no se ha presentado una sentencia que resulte en cárcel.
En el reporte, los legisladores afirman que la contratación indirecta continúa en el país solo que bajo nombres distintos a ¨cooperativas¨ y que los empleadores siguen despidiendo en masa a trabajadores que intentan organizarse.
Así mismo, indican que el sistema de inspectores que se ideo para monitorear las prácticas laborales en sectores sensibles ¨no es efectivo¨ y que muchas veces no se castiga o se recolectan las multas por flagrantes violaciones laborales.
El informe incluye una serie de recomendaciones tanto para EE. UU. como para Colombia.
A su administración le piden que presione a Bogotá para que cumpla con las obligaciones del PAL y le sugieren realizar sus propias investigaciones para establecer progresos y retrocesos en el gobierno.
Y le advierten que la exitosa implementación del PAL será el derrotero que tendrán en cuenta a la hora de aprobar futuros tratados de libre comercio como el de la Alianza Transpacífica (TPP), que actualmente se está negociando.
A Colombia le piden fortalecer el sistema de inspecciones haciendo énfasis en la recolección de multas para que los empleadores entiendan que tienen mucho que perder si no respetan los derechos de los trabajadores.
También le piden que los acuerdos de formalización que se pacten con el Ministerio de Trabajo no incluyan mecanismos para sub contratación de terceros, como las SAS, y que cumplan con la meta de establecer un empleo directo, permanente y y con derecho la libre asociación y negociación colectiva.
Solicitan, a su vez, que se establezcan metas realistas y concretas para atacar la violencia, la impunidad y la sub contratación y cuyos resultados serían presentados al público y otros sectores interesados.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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