En la región Atlántica, la cobertura de alcantarillado es del 66,5 por ciento, la más baja en todo el país. Solo Bogotá logra cifras de 99,6 por ciento.
Con respecto al acueducto, servicio vital para los colombianos, las cifras son aún más dicientes: 3,9 millones de personas no tienen agua en su casa, con una escasez mayor en la región Atlántica, donde está el 40 por ciento del faltante de esta cifra.
Estas serán parte de las estadísticas que presentará hoy el congresista Eugenio Prieto, en la Comisión Sexta del Senado, donde se realizará un debate de control político a los Planes Departamentales de Agua (PDA), que pasaron a ser del resorte del Ministerio de vivienda.
Una de las realidades que pondrá sobre el tapete el parlamentario es que, en relación con sus pares en América Latina, Colombia bajó la guardia en cobertura de agua potable. Mientras que en 1990 venía a un ritmo similar al de Brasil, a partir del 2000 se fue quedando atrás.
Hoy está por debajo de Ecuador, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.
La situación de las coberturas, tanto en acueducto como en alcantarillado, es más crítica en los sectores rurales. Según las cifras de Prieto, la actualidad en alcantarillado en esas zonas es de 69,6 por ciento y se aspira a llegar a 75,5 por ciento en el 2015, mientras que en acueducto en los campos estamos en 69,5 por ciento y se llegará a 81,6.
Esta meta, de acuerdo a lo que expondrá el parlamentario, tiene el agravante de que, con el tema del agua y el alcantarillado en Colombia, las proyecciones siempre han ido por un lado y los resultados logrados por otro. En este tono estará hoy el debate.
DIVERSAS ALTERNATIVAS Y POCOS RESULTADOS
Los Planes Departamentales de Agua han tenido diversos tropiezos en su camino. Al inicio del actual Gobierno se plantearon recursos por 5,8 billones de pesos a invertir durante el cuatrienio, para intentar lograr la tarea de llevarles estos servicios básicos a todos los colombianos por igual. No obstante, llegó una época de quietud tras una advertencia de la Contraloría General, según la cual se estaba haciendo uso indebido de las llamadas vigencias futuras, para ejecutar los planes de agua.
En esa oportunidad, el Fondo de Inversiones del Agua (FIA), consorcio fiduciario encargado de manejar estos recursos, tomó la decisión de congelar los giros hasta tanto la Contraloría no hiciera claridad acerca de si los departamentos podían o no utilizar las vigencias futuras. Tras dos años largos del Gobierno del presidente Santos, los congresistas citantes al debate de control político sostendrán que los avances aún no se ven.
