Colombia tiene cerca de diez personas en edad de participar plenamente en el mercado laboral y de aportar al sistema pensional (entre los 20 y los 64 años) por cada persona en edad de retiro (mujeres mayores de 62 años y hombres mayores de 65).
Esto implica una tasa baja de dependencia demográfica.
Sin embargo, el pasivo pensional ha motivado sucesivos intentos de reforma en los últimos años. En dos décadas, esta proporción de aportantes se habrá reducido a la mitad.
En cuanto a los problemas relacionados con la sostenibilidad del sistema pensional, es necesario considerar que estos están íntimamente ligados a los niveles de participación en el mercado laboral, la calidad del empleo y a la capacidad de ahorro y acumulación de capital de los individuos.
Los más recientes resultados de la Encuesta Continua de Hogares del Dane indican que menos del 65 por ciento de la población en edad de trabajar está participando actualmente en el mercado laboral y que más del 40 por ciento de ellos está subempleado.
Peor aún, sólo uno de cada tres ocupados está aportando al sistema de pensiones, la gran mayoría de ellos con ingresos base de cotización que no superan los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En otras palabras, existe aún un amplio margen para incrementar la captación de recursos para el sistema pensional sin que se requiera, en el corto plazo, de un incremento en el porcentaje de cotización.
Aunque la mayor captación para el sistema pensional disminuye, la disponibilidad de recursos destinados al consumo en los hogares, los fondos captados en el sistema público, se traducen en mayor disponibilidad de recursos del Estado.
A su vez, estos pueden destinarse a la inversión para la generación de mayor dinámica económica y un positivo efecto redistributivo que ayude a disminuir la inequidad y la pobreza.
Incluso en el caso de los fondos captados por el sistema privado existe cierta compensación dado que estos inyectan liquidez al sistema financiero, estimulando menores costos para la financiación de inversiones por parte de las empresas e incluso del Estado mismo en el caso de compras de TES.
Hay que buscar que los jóvenes tengan acceso al mercado laboral
Según cifras de Asofondos, el valor del fondo de pensiones obligatorias alcanzó en diciembre del 2010 la nada despreciable cuantía de 98,9 billones de pesos, con una parte significativa del mismo colocado en Colombia, tendencia que podría fortalecerse en el contexto de alta volatilidad de los mercados financieros internacionales.
No obstante, los avances en materia laboral requieren necesariamente de un sólido desempeño de la economía y para esto se requieren, entre otros, mejores condiciones para la competitividad y mayores niveles de productividad del trabajo.
Sin dejar de lado la imperiosa necesidad de acciones concretas en el corto plazo para la garantía de los derechos de primera y segunda generación de la actual población de adultos mayores en Colombia, en el mediano y largo plazo los resultados dependerán del éxito en la transformación de las condiciones de los jóvenes.
Con tasas de desempleo juvenil que duplican la de los adultos, la superación exitosa de este reto, a través de medidas acertadas por parte del sector público y estímulos para la participación del sector privado, las comunidades y las familias en los procesos de preparación para el envejecimiento en otros países ha llevado incluso a que se empiece a hablar de la existencia de un segundo bono demográfico, en el cual un extenso grupo de adultos mayores con independencia física y económica se convertirán en la piedra angular de los procesos de expansión del desarrollo económico y el bienestar social de sus sociedades. Más allá de las proporciones estadísticas y de los escenarios económicos, el envejecimiento demográfico es una realidad perceptible que afectará el futuro de cada una de las personas en el planeta.
Equipo de población y desarrollo.
Fondo de Población ONU