“Que la igualdad sea posible. El 10% de la población colombiana tiene el 70% de la riqueza. Es un despropósito y una amoralidad. No naturalicemos la desigualdad y la pobreza”, fue uno de los mensajes que dejó el presidente Gustavo Petro al posesionarse como el primer mandatario de los colombianos, hace 100 días.
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Desde su campaña, Petro lanzó varios compromisos en relación a una renta universal de $500.000, y la semana pasada anunció un ‘Plan de choque contra el hambre’, a cargo del Departamento de Prosperidad Social (DPS) que parece ser el primer paso para ello.
Según el Gobierno, el objetivo será cobijar a casi dos millones de familias en condición de pobreza por medio de los programas de transferencias ya existentes, con un giro de $500.000 en el mes de diciembre de 2022.
Por medio de Ingreso Solidario recibirán este monto 1,2 millones de familias que ya son beneficiarias, así como 340.000 nuevas. En el caso de Familias en Acción, se ajustó para las titulares con niños y niñas menores de cinco años, y lo mismo para las madres de niños en ese rango de edad dentro del programa en Jóvenes en Acción. Con estos dos programas se espera atender cerca de 400.000 familias.
Vale la pena mencionar que con la reforma tributaria el Gobierno tiene como meta reducir las tasas de pobreza (39,3%) y pobreza extrema (12,2%) en 3,9 y 4 puntos porcentuales, respectivamente. Esto es, que alrededor de 2 millones de personas salgan de la pobreza.
(Vea: Mejorar la educación media es la clave para disminuir la pobreza).
“Está bien dar un giro extraordinario con el nivel actual de inflación, pero es una medida de corto plazo y muy puntual, y está lejos de ser un plan de reducción de pobreza, y el Gobierno no ha dicho nada de la estrategia completa de transferencias monetarias”, aseguró Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión.
Según Angulo, lo que e realidad se plantea es un giro extraordinario utilizando los mismos canales de Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y “estos anuncios no generan claridad sobre lo que sigue en la estrategia del gobierno”. El experto también dijo que era escéptico a la meta de reducción de pobreza, pues implica dedicar la mitad del recaudo de la tributaria a transferencias y por las proyecciones de inflación y PIB de 2023.
Carlos Alberto Garzón, secretario general de Human Development and Capability Association, y docente de economía de la Universidad de la Sabana calificó por otro lado al plan de choque como “una medida muy acertada”, que busca llegar a un ingreso universal. “Pero si lo que se necesita es ayudar a las personas a superar la línea de pobreza, las transferencias deben sumar al menos para alcanzar esta línea”, dijo.
(Vea: Piden a Petro no seguir 'errores de Argentina que llevan a la pobreza').
Según Garzón, si bien un plan de choque no puede ser permanente, tampoco puede ser tan corto. “Se necesita que esta transferencia sea constante, no solo diciembre, sino por algunos meses más, pero aún no se puede determinar esto, porque todavía no se tienen las bases del Plan de Desarrollo ni aprobada la reforma y el Gobierno está trabajando con los recursos disponibles para 2022”, aseguró.
Por otra parte, César Tamayo, decano de la Escuela de Finanzas, Economía, y Gobierno de la Universidad Eafit, dijo que algo que preocupa son los criterios con que se están cambiando las condiciones de programas que venían teniendo éxito, como es la escogencia de los beneficiarios.
(Vea: Expertos ven compleja meta de reducir 3,9 pps la pobreza).
“Cuando hay una política social bien diseñada, con mecanismos de evaluación que muestran que está funcionando, el plantear cambios y objetivos también deben ir acompañados de elementos de rediseño para que esa política social siga siendo exitosa y el cambio sea justificado”, mencionó el académico.
Las cifras de pobreza para 2022 se conocerán el próximo año, pero en la actualidad el 39,3% de la población en Colombia, es decir, 19,62 millones de personas vive con menos de $354.031 al mes. Esta es la línea de pobreza, que representa el valor de una canasta alimentaria básica y de otros bienes y servicios esenciales para subsistir. Así mismo, 6,11 millones de ciudadanos están por debajo de la línea de pobreza extrema. En otras palabras, el 12,2% de la población vive al mes con menos de $161,099.
Según cifras del Dane, además, hay 15,5 millones que están catalogados como vulnerables, aquellos que no están en condición de pobreza, pero cuyo ingreso per cápita es menor a $690.524 mensuales.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista Portafolio