La firma, por parte del presidente Juan Manuel Santos, del proyecto de ley cursado por el senador Juan Manuel Galán para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas causó reacción inmediata en el gremio de las EPS.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien tras la aprobación en el Congreso de la iniciativa había emitido concepto no favorable a la propuesta, dijo ayer que espera que esta atención se haga a través del Plan Obligatorio de Salud (POS), a lo que el presidente de Acemi, Jaime Arias, respondió que “es algo casi imposible”.
El ministerio que controla el manejo de los recursos en el país llamó la atención en su momento porque se estaba pretendiendo imponer la obligación al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales, de efectuar previsiones presupuestales progresivas, con el fin de lograr una atención efectiva a personas adictas a sustancias psicoactivas.
Inclusive, la Secretaría de Hacienda de Bogotá hizo unas proyecciones, según las cuales se necesitaría invertir hasta en centros de rehabilitación, cuya construcción sobrepasaría los 2.600 millones de pesos, previendo que, probablemente, los que hay no sean suficientes.
Por todos esos antecedentes, Arias dejó ver su sorpresa.
“No esperaba que el presidente firmara tan pronto este proyecto. No hay claridad ni siquiera de cuántos beneficiarios estamos hablando, especialmente, porque no se han definido criterios claros para determinar desde qué momento en la evolución del uso de las drogas, la persona se considera drogadicta”.
LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN
El Gobierno tiene hasta el 2016 para estudiar de dónde sacar el dinero para la nueva la ley.
En la ley sancionada por el Presidente quedó establecido que el tratamiento será cubierto por el POS, pero Arias expresa que “habría tres alternativas de financiación: si se hace por el POS habría necesidad de aumentar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC, con la que se cubren los servicios de salud de cada persona por año), que actualmente está en 575 mil para el régimen contributivo y en 470 mil para el subsidiado.
Por este lado, no lo veo viable”.
Las otras alternativas que pone sobre el tapete el dirigente del gremio de las EPS es que la Nación asuma el costo a través de los recursos que se manejan para el No POS.
Y la tercera opción es que, en el caso de los colombianos con este tipo de problemas, se maneje el viejo esquema de subsidio a la oferta, que consiste en que el hospital o centro médico atiende y luego pasa una cuenta de cobro al Estado.
Martha Morales M.
Economía y Negocios