En permitir que el precio fluctúe con el mercado nacional e internacional o en una fijación administrativa de los mismos, referida a los debates y consideraciones políticas, que por bien intencionados que sean conducen a decisiones fiscalmente insostenibles y que no apuntan a garantizar el suministro de los combustibles a largo plazo.
En efecto, a finales de 1998 el Gobierno Nacional implementó una política general referida a la realidad de los precios internacionales de la gasolina corriente y el acpm; el precio interno de refinación debía fluctuar con el precio internacional referenciado al mercado del Golfo de México.
No obstante, debido a los incrementos importantes en el precio del petróleo crudo y en la tasa de cambio observados a partir de esa fecha, el Gobierno optó por mantener precios internos más bajos y estables que los internacionales de referencia y fijó administrativamente el ingreso del refinador para mitigar el impacto negativo en la economía.
El menor incremento de los precios nacionales, menor para el acpm que para la gasolina, frente al costo de paridad de importación de estos dos combustibles, que representan aproximadamente el 80 por ciento de la demanda total del país ha significado, desde 1999 hasta el año pasado, un subsidio total cercano a los 26 billones de pesos.
La Ley 1.151 de 2007, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, plantea el desmonte de estos subsidios que no son sostenibles en el largo plazo.
Por ello, el Gobierno comenzó a incrementar paulatinamente los precios para alcanzar los ingresos de oportunidad del refinador que son los que él podría obtener mediante el libre juego de la oferta y la demanda, y que además, son los que le permitirían al país garantizar el suministro de largo plazo:
I. Paridad de exportación para la gasolina dado que el país tiene excedentes.
II. Paridad de importación para el acpm del cual somos deficitarios, tanto en volumen por la creciente demanda, como en calidad por la obligación normativa de reducir su contenido de azufre.
Teniendo en cuenta los beneficios que le trae a la economía un precio estable de combustibles y para evitar las dificultades de financiar subsidios cuando las circunstancias indiquen su conveniencia, el Gobierno creó un Fondo de Estabilización que ahorra cuando el precio internacional está bajo, como en las actuales circunstancias cuando el precio interno de referencia es mayor que el equivalente internacional, y ayuda a los consumidores durante las épocas de precios altos.
Sin embargo, es difícil que este Fondo alcance por sí mismo montos capaces de mitigar el impacto sostenido en el tiempo de altos precios internacionales. Estos diez años de manejo serio y responsable le han dado al Gobierno autoridad para perseverar en dicha política de desmonte de los subsidios.
Ahora que los precios internacionales del petróleo y por ende sus derivados han caído sustancialmente y no hay subsidios, sería el momento oportuno para liberar los precios de la gasolina corriente y el acpm a los precios internacionales. Pero ello no ha sucedido por las razones conocidas y ha sido bien recibido el anuncio del Gobierno sobre la reducción de 400 pesos por galón a partir de mayo.
Pero preocupa que -además- la reacción de algunos ha sido la de pretender triplicar dicho valor, generando de nuevo un cuantioso subsidio, con base en cifras y análisis que deben ser objeto de estudio, sin tener en consideración que ello -por loables que sean los motivos de coyuntura- implica un costo fiscal enorme. Pero también genera factores imprevisibles para la toma de decisión por parte del sector productivo.
Para los inversionistas en la cadena de refinación, transporte y distribución de combustibles, aunque en el corto plazo pareciera que un precio más bajo les beneficia, porque pueden vender mas, esos menores precios basados en subsidios y en precios políticos -no de mercado- no les permite tomar decisiones de largo plazo en materia de inversiones.
Sin desconocer las situaciones de coyuntura que se puedan presentar, es vital que en el debate se tengan presente las implicaciones en el largo plazo de las medidas que se proponen. Es una discusión que se debe seguir dando con la mayor objetividad, dada su importancia en la economía del país.