Hoy las comisiones cuartas de Senado y Cámara discuten conjuntamente la capitalización y su fusión con Telefónica. “La decisión no es para salvar una compañía de telecomunicaciones.
Es para garantizar los recursos que permitan pagar las pensiones” de antiguos trabajadores de la empresa, advierte Eduardo Pizano, ex presidente de Telecom.
Sin embargo, el ex contralor general Antonio Hernández, quien en el 2005 intervino cuando Telecom casi se le vende al grupo mexicano Télmex, reclama que se aclare “por qué Coltel está en la situación en que está. Hay que poner lupa al proyecto, que da unas autorizaciones muy generales”.
Hernández se pregunta por qué si el negocio, en el que el Estado participa con un 42 por ciento, se le entregó a un socio estratégico que maneja el sector en el mundo con alta competitividad, no produce resultados en el país.
Para Pizano, la regulación abrió las puertas a la competencia y, desde el punto de vista empresarial, “quien no sea eficiente no tiene manera de sobrevivir”.
Por su parte, la Contraloría General anunció que dará a conocer sus conclusiones sobre si se incumplió el contrato para garantizar las pensiones de 17.000 trabajadores de Telecom.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, argumenta que si no se capitaliza a Coltel, los recursos para las pensiones saldrán de los contribuyentes.