La iniciativa pretende unificar el manejo de las bases de datos que operan las centrales de riesgo crediticio. Se trata de la información con la que se conoce la historia financiera de una persona o una empresa, siendo ese un mecanismo al que acuden, entre otras, las entidades bancarias para decidir si asumen o no el riesgo de prestarle dinero a alguien.
La ley que se tramita asigna deberes a quienes reportan, operan y usan la información. Según lo dijo el miércoles el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, falta la aprobación en Senado para que luego pase a sanción presidencial.
También se están alistando los decretos reglamentarios de la ley. "Pasaría a sanción puesto que ya fue subsanado el requerimiento de la Corte", dijo el jefe de la cartera de Hacienda.
"Básicamente es establecer mejores condiciones mediante un formato unificado para la recolección de la información y darle más garantías al usuario en cuanto a lo que reflejan las bases de datos sobre su historia financiera", agregó Zuluaga, al tiempo que indicó que el Gobierno ya está trabajando en los decretos reglamentarios, de tal manera que una vez cumplidos los trámites respectivos, la ley entre en vigencia lo más pronto posible. Dijo que sería cuestión de meses.
Por su parte, los bancos están a la espera de la aprobación de la norma, pues es una propuesta que ofrece mejores condiciones para el uso de las bases de datos. A juicio de la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, "es de gran utilidad que haya transparencia en el manejo de la información, más cuidado de las entidades que reportan los datos y una operación apropiada de las centrales de riesgo. Va a ser algo revolucionario".
Destacó, además, las condiciones que establece la iniciativa para el gremio que representa. "La ley, en lo que se relaciona con el sector financiero, le impone mayores responsabilidades y exige el desarrollo de inversiones para ser más eficientes en el reporte, la actualización y el uso de la información".
Sin embargo, no está de acuerdo con una amnistía que ofrecerá la ley a las personas con un reporte negativo en las centrales de información crediticia, ya que les borrará esa información de su historial tras cumplir una serie de requerimientos.
"No me parece bueno desde ningún punto de vista. Las centrales reportan la información de todo el movimiento de las personas, tanto sus cuentas pasivas como activas, y dice por ejemplo si una persona llevaba uno o 24 meses sin pagar. Lo que sucederá ahora es que se hace más compleja la búsqueda de información para determinar con quien se asume el riesgo de prestar o no prestar", afirmó Cuéllar.