Nueve agremiaciones de energía y gas suscribieron un comunicado en el que se exponen qué consecuencias podrían traer las medidas que se adoptaron con la emisión del decreto de emergencia en La Guajira.
En el texto, que fue remitido al ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, los gremios señalan que “las medidas definidas no son conexas ni tienden a resolver las causas que llevaron a declarar la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, en tanto no solucionan la ausencia de infraestructura, ni el atraso en el desarrollo de los proyectos de energía”.
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Entre las consideraciones que realizan, Andeg, Andesco, Asocodis, Acolgén, Naturgás, Andi, Asoenergía, Ser Colombia y Acce, las entidades aseguran que la suspensión de los contratos adjudicados en las subastas de energía de 2019 y 2021 podrían generar incrementos de entre el 6 % y el 8 % en las tarifas del servicio.
De acuerdo con el texto, “este incremento representa, hasta diciembre próximo, mayores costos para cerca de 16 millones de hogares, incluyendo los de La Guajira, cercanos a 170.000 millones de pesos mensuales”.
Así mismo, las agremiaciones resaltan que contrario a solucionar el atraso de los proyectos de transmisión y generación, se estaría exponiendo a los usuarios a los precios de bolsa durante el periodo de suspensión. Un punto que llama aún más la atención, considerando que estos podría presentar aumentos derivados del fenómeno de El Niño.
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Servicio de energía eléctrica
La suspensión de los contratos también llevaría a los prestadores del servicio de electricidad a comprar mayores cantidades de energía en bolsa a precios más altos.
“Lo anterior, sumado a los actuales saldos acumulados de la opción tarifaria pendientes de recuperar que ya llegan a los 5 billones de pesos, ocasionaría limitaciones en su flujo de caja que los expondrá a problemas financieros”, indica el comunicado.
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Otro tema que exponen las entidades es el aporte obligatorio que tendrían que realizar algunos usuarios.
De acuerdo con el decreto, se establecerá un aporte de 1.000 pesos por factura para las personas de estratos 4, 5 y 6, y de 5.000 pesos por factura para los usuarios comerciales e industriales.
Al respecto, los gremios señalan que esta medida podría representar un riesgo de aumento de cartera para los comercializadores.
De igual forma, destacan la importancia de que se revise la ejecución y asignación de los recursos que actualmente están destinados para La Guajira antes de que se definan nuevas cargas a los usuarios.
Precios de la energía
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Por esa misma líneas, las entidades señalan que para garantizar el abastecimiento seguro y eficiente de energía eléctrica en el país, las decisiones que tome el Gobierno deben tener como base el respecto por la libertad de empresa y la participación de capital público, privado y mixto en el desarrollo del sector.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que, en cumplimiento del Decreto 1276 del 31 de julio de 2023, con la facturación de agosto, comenzó el cobro y recaudo entre sus usuarios de los aportes obligatorios establecidos en esta disposición.
De acuerdo con la compañía, esta medida aplicará “hasta el término de seis meses o por un tiempo mayor que determine el Congreso de la República dentro del año siguiente”.
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Así mismo, señaló que los usuarios que pertenezcan a los estratos 4,5,6 e industriales y comerciales y que tengan la modalidad de ‘Energía Prepago’ también pagarán los valores establecidos por el Gobierno cada vez que hagan una recarga.
Además, recordó que el no cumplir con este aporte traería consigo las mismas consecuencias que no pago de la factura de electricidad.
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