Se trata de una iniciativa que busca reformar el decreto 383, de finales del 2006, que reglamenta el Régimen de Zonas Francas -contemplado en la Ley 1004 del 2005- y que sin haber cumplido siquiera un año de haber entrado en vigencia, ya se piensa rehacer. Las reformas planteadas a comienzos de septiembre, cuando el proyecto de decreto se colgó en la página web del Ministerio de Hacienda, establecen un patrimonio líquido de 5.000 millones de pesos a las empresas que buscan obtener los beneficios tributarios y cambiarios de esta figura; reglamenta el tamaño de las instalaciones para las empresas usuarias; la distancia que deben tener frente a otras zonas francas y aumenta los niveles de inversión y generación de empleo, para quienes apelan a la figura uniempresarial. El solo anuncio del decreto que hizo en Medellín el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga , durante el pasado Congreso de los Exportadores, levantó una verdadera polvareda por las fuertes críticas de quienes consideran que el Gobierno está improvisando en un tema que resulta crítico al momento de fomentar la inversión extranjera. El presidente Álvaro Uribe tuvo que entrar a terciar en el tema, por la cantidad de quejas que recibió de los empresarios, que critican no solo la reversa en la política, sino también la exclusión que se hará de las pequeñas y medianas empresas que buscan entrar en zonas francas para mejorar su competitividad. El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, dijo en su momento que el decreto aumentaba de tal forma las exigencias para quienes buscan ser usuarios de zonas francas, que cerraba las puertas a muchas pequeñas y medianas empresas del país y al sector de servicios. La ex ministra de Comercio, Ángela María Orozco, dijo sobre los cambios que se vienen estudiando que es increíble el cambio en las reglas de juego y es una mala señal para los inversionistas. La experta en comercio exterior señaló sobre los planteamientos en el decreto, propuesto por la Dian y respaldado por el Ministerio de Hacienda, que hay excesivos requisitos y muy discrecionales. La airada reacción del sector privado y de algunos gremios, sumadas a la intervención directa del Presidente, motivó una revisión por parte de funcionarios de los ministerios de Hacienda y de Comercio, de la norma, y se espera que en los próximos días se conozca el nuevo proyecto de decreto que cambia lo ya reformado. Este proyecto, según se conoció, flexibiliza algunas de las condiciones, entre ellas la relacionada con el patrimonio líquido, cuya exigencia pasaría a 3.000 millones de pesos. Adicionalmente, se contempla una escala de patrimonio para las pequeñas y medianas empresas que buscan establecer sus operaciones en zonas francas. Otro tema en el que se introducen cambios tiene que ver con las áreas exigidas para el desarrollo de nuevas zonas francas -mínimo de 20 hectáreas- y que por solicitud expresa del presidente Uribe se acortarán. Adicionalmente, se negaba a las sociedades portuarias la posibilidad de contar con zonas francas, pues de esta figura quedaban excluidas las entidades que gozaran de algún tipo de concesión por parte del Estado. También se habla de que el manejo de la política en materia de zonas francas volvería a estar en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y no de la Dian, como ha estado en los últimos años. Este hecho, según algunos expertos, le volvería a dar al Ministerio de Comercio el manejo de un tema que nunca debió salir de su ámbito. pues este es el titular de la política de promoción de inversiones, mientras que la Dian es el encargado de controlar el tema de impuestos y garantizar más recaudos. El mensaje a los inversionistas es ambiguo El no pago de arancel e IVA para los productos que ingresen a la zona franca y una tarifa de renta del 15 por ciento para todas las ventas que se realicen allí, sin importar si los productos se exportan o van al mercado doméstico, se han convertido en dos de las principales gabelas que hacen atractivo el régimen contemplado en la Ley 1004 del 2005. Sin embargo, al interior del Ministerio de Hacienda y la Dian existe la percepción de que al Gobierno se le fue la mano en concesiones. Incluso, el hecho de que sea elevado el número de empresas que piden este régimen cuando quieren trasladar sus plantas, generó preocupación porque esto motivaría a más firmas a trastearse para obtener los beneficios, sin que su aporte sea considerable. Por esta razón, algunos técnicos pidieron poner límites al decreto vigente, haciendo algunos recortes. Para el ex director de la Dian y actual consultor de Araújo Ibarra, Leonardo Sicard, aunque el decreto tiene algunas cosas buenas y otras difíciles de cumplir el problema es de oportunidad en su expedición, porque no fue hace mucho que se firmó el 383 y ya se están cambiando las reglas de juego. Sicard reconoce que hay que poner límites, pero estos deben ser razonables, por ejemplo, son muy pocas las empresas que pueden cumplir con el requisito de patrimonio. En este tema coincide la ex ministra Ángela Orozco, quien señala que no solo las pymes ven un desestímulo a sus intenciones de fortalecer operaciones, sino también las empresas de servicios, con alto potencial, pero que no podrían cumplir los requisitos de patrimonio. Para empresarios y dirigentes gremiales consultados, sonvarios los inconvenientes del borrador de decreto que está en revisión: de una parte, los tumbos que ha dado el Gobierno, pues la Ley 1004 el 2005, que creó los estímulos, no pudo ser reglamentada ni aplicada en el 2006 ante la incertidumbre que existía por los cambios que planteaba la Reforma Tributaria. Una vez fue aprobada esta reforma, hubo un respiro y se procedió con la expedición del decreto reglamentario 383, que comenzó a aplicarse este año y que ya se va a cambiar. Un segundo asunto tiene que ver con lo que consideran trato discriminatorio ya que establecer un patrimonio líquido de 5.000 millones de pesos que solo les da oportunidades a las empresas de gran tamaño y deja por fuera a las pymes. Otra queja apunta a que se excluye la posibilidad de ser zona franca a las sociedades que prestan servicios públicos domiciliarios, servicios financieros y las que desarrollen actividades en el marco de contratos estatales de concesión. Entre las empresas que ya presentaron su solicitud para obtener estos beneficios, también hay un mal sabor, pues no han obtenido respuesta a sus peticiones y podrían quedar excluidas del régimen vigente. Los pequeños no tendrían chance con las exigencias que se hacen en el tema del patrimonio. Archivo EL TIEMPO No fue hace mucho que se expidió el 383, y ya se están cambiando las reglas de juego. Archivo EL TIEMPO
