Un año después de que el presidente de Estados Unidos (E.U.), Barack Obama, presentara su reforma financiera, el Senado decidió aprobarla, no sin antes realizar importantes modificaciones, para mostrarla al mundo como una legislación que cambiará profundamente el sector financiero y protegerá la economía de las amenazas de inestabilidad y crisis proveniente de ese sector.
La reforma pretende disminuir la gran fragilidad y propensión a crisis del sistema financiera ante la magnitud de la crisis económica que arrancó con el colapso del mercado hipotecario en 2007 y se extendió al resto del sector financiero, a la economía real y a la economía mundial. También promete disminuir las prácticas depredadoras y fraudulentas y dar protecciones a los consumidores de productos financieros como las tarjetas de crédito y los préstamos hipotecarios.
Sin embargo, surgen dos grandes preocupaciones. Primero, que las nuevas regulaciones, restricciones y cambios institucionales son demasiado débiles y ambiguas para lograr de manera significativa los objetivos indicados. Y segundo, que los objetivos son demasiado limitados, sin impulsar cambios estructurales.
Si estas estructuras desarrolladas durante las últimas décadas (incluyendo la concentración y complejidad, el extenso y opaco mercado de derivados y los frecuentes conflictos de intereses) son más reguladas en vez de reversadas, no se llega a la raíz del problema y se conserva el poder y los privilegios del sector bancario a costa de la reactivación de la economía real y los intereses de la mayor parte de la población.
Muchas ambigüedades.
La nueva ley aumenta los poderes y las responsabilidades de las agencias encargadas con la regulación y la vigilancia de las entidades financieras, pero dice poco sobre los nuevos requerimientos que estas deben implementar. Identifica objetivos generales y delega responsabilidades.
Tal vez, el avance más importante de la ley es la creación de una Agencia para la Protección del Consumidor Financiero, la cual debe vigilar a los bancos, tarjetas de crédito y demás proveedores de crédito para evitar que los usuarios sean objeto de altos costos, tarifas ocultas y aumentos repentinos de tasas de interés.
Aunque mayor transparencia para el consumidor sería un avance importante, la ley no especifica los límites. En la versión original propuesta por Obama la agencia iba a ser independiente con representación de varias entidades reguladores, pero en la versión final depende del Banco de la Reserva Federal (FEC, por sigla en inglés).
No se introdujeron cambios estructuralesLa reforma pretende hacer más eficiente y transparente la estructura actual, sin profundas transformaciones estructurales.
También, organiza en bolsas una parte del mercado de derivados, pero no cuestiona la función social de estos instrumentos especulativos, lo cual podría conducir a su prohibición o por lo menos a crear restricciones más fuertes. No resuelve el problema de entidades demasiado grandes para caer. Incluso, permite más concentración del sector bancario. La reforma no reduce el peligroso nivel de apalancamiento en el sistema financiero ni los astronómicos niveles de deuda, que favorecen las rentas financieras sobre la actividad productiva.
Influencia de bancos en nombramientos
Fue precisamente la FED, la que, bajo el largo liderazgo de Alan Greenspan, decidió no aplicar estas facultades, dando luz verde a los bancos de autoregularse basado en la confianza en la disciplina del mercado.El actual presidente de la FED, Ben Bernanke, es un seguidor fiel de las ideas y políticas de Greenspan y sus acciones de rescate hasta ahora han confirmado su lealtad a los intereses de los bancos encima de los demás sectores.
Dado la alta influencia de los grandes bancos en el nombramiento de los funcionarios de la entidad (son los mayores accionistas) y su papel en permitir sus malas prácticas antes y durante la crisis, es dudoso que la FED sea la institución apropiada para crear y hacer cumplir protecciones de los bancos cuyos intereses siempre ha promovido.
El nombramiento de directores afines a los intereses de los bancos indudablemente es influido por los millonarios aportes del sector a las campañas presidenciales y parlamentarias, en casi iguales proporciones a los candidatos demócratas y republicanas.
Esto constituye una versión perversa del concepto financiero de cobertura de riesgos.
El poderoso secretario del Tesoro, Lawrence Summers, quien fue uno de los principales arquitectos de las estructuras financieras actuales bajo la administración Clinton y posteriormente fue vinculado con un fondo de cobertura (hedge fund), donde ganó millones de dólares, es una figura clave en la resolución del desastre creado por sus propias políticas y por el sector donde seguramente trabajará cuando no esté en el gobierno.
