Reforma fiscal y parafiscal

Se reunieron en Cartagena, la semana pasada, las XXX jornadas académicas del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Este evento se ha convertido, sin lugar a dudas, en el coloquio más serio de que dispone el país en materias hacendísticas. Uno de los temas centrales que se debatió fue el de la reforma estructural de la tributación colombiana.

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febrero 28 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-02-28

Las reuniones coincidieron con el anuncio que por los mismos días hizo en New York el Ministro de Hacienda de que el Gobierno presentará el próximo 20 de julio una reforma que cataloga como ‘integral’. Este anuncio fue ratificado (aunque sin comprometerse con una fecha precisa de presentación) por el director de la Dian, doctor Oscar Franco, en la clausura de las jornadas del Instituto de Derecho Tributario. Lo primero que hay que esperar es que dicha reforma sea verdaderamente integral. Que no sea un parche más en la legislación tributaria. Que procure simplificar esa ingente de normatividad tributaria, que hoy consta de 1.000 normas sustantivas y cerca de 3.000 reglamentarias. Que la ajuste a los nuevos tiempos de internacionalización de la economía que vivimos. Que no busque más recaudos sino más racionalidad. Y que le brinde al constituyente más seguridad y a la fiscalidad en su conjunto más equidad y progresividad. La tarea es gigantesca y requerirá de una gran concertación. El Gobierno no puede correr el riesgo -por arrogancia o precipitud- de que le fracase otra reforma tributaria como ya ocurrió en el 2005. Igualmente habrá que buscar consensos académicos amplios sobre los contenidos que debe incluir una auténtica reforma estructural. Esta no puede reducirse a unos cuantos remiendos al Imporenta o al Iva. Es la ocasión de hacer algo grande e importante. La última reforma verdaderamente estructural que se hizo en el país tuvo lugar hace 32 años cuando la administración López Michelsen utilizó los trabajos que encontró listos de la misión Musgrave que había traído al país el doctor Carlos Lleras, y la expidió al amparo de la emergencia económica. El Gobierno debe convocar en esta ocasión a la academia para definir los contenidos de la reforma. No debería aislarse al prepararla. Hay iniciativas valiosas sobre la mesa como los recientes trabajos de Fedesarrollo, el Banco Mundial, el Icdt, y la misión de ingresos, entre otros. Habrá que tener en claro también para qué es esta reforma: no es para recaudar más sino para modernizar y simplificar la legislación impositiva vigente. No puede ser por lo tanto una reforma alcabalera o cortoplacista. Deben evitarse también las improvisaciones como la que mostró -también la semana pasada- el presidente Uribe, cuando anunció el propósito del Gobierno de elevar en un punto el gravamen sobre las nóminas para financiar la ampliación de las coberturas de salud. Es sabido que Colombia tiene una de las estructuras de tributos parafiscales más altos de América Latina. Seguirlos subiendo como ahora está pensando el gobierno conducirá ineludiblemente a desalentar la generación de empleo formal. En síntesis: se viene la discusión de una nueva reforma tributaria. Que debe ser verdaderamente estructural y habrá de apoyarse en amplios consensos académicos y políticos. Para que pueda convertirse en realidad. * * * * * Una estupenda crónica publicada por El Tiempo “Para confiesa cómo obligaban a viudas a traspasarles fincas” (18-02-06), desnuda los mecanismos a través de los cuales el paramilitarismo se apoderó a la brava de cerca de 4 millones de hectáreas de las mejores tierras del país. Ojalá las desmovilizaciones no se queden en el show televisado de la entrega de fusiles. Y ojalá en los ‘talleres programáticos’ que se tendrán entre el presidente Uribe y los partidos adeptos a su reelección se hable del tema. Y no se queden en las generalidades o en la obsecuente aceptación de cuanto diga el Gobierno. Si se habla de un país de propietarios hay que comenzar por aclarar cómo se le van a restituir estas tierras a sus legítimos dueños. Y el Gobierno debería explicar cómo (más allá del elusivo principio de la ‘oportunidad’ que incluyó en el decreto reglamentario de la ley de justicia y paz) va a coadyuvar con la fiscalía en la recuperación de estas tierras para resarcir a los damnificados. Tal como lo ordena la ley.

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