La semana pasada volvimos a discutir el alcance de la reforma laboral que, con tanto empeño y toda la convicción, presentó y defendió Juan Luis Londoño de la Cuesta en el año 2002. Esta discusión nos enfrenta a una serie de temas que vale la pena revisar. El primero de ellos es el impacto de la reforma laboral. Los críticos olvidan, voluntaria o involuntariamente, el impacto de la reforma en la revolución del Sena y del sistema de subsidio familiar, entre otros. Algunos analistas dicen que no sirvió, limitando su análisis a la generación de puestos de trabajo con contrato a término indefinido y proponen regresar a lo existente antes de la reforma. Otros analistas dicen, por el contrario, que lo que debemos hacer es buscar mayor flexibilización del mercado laboral. Este Gobierno cree que en este momento no debemos hacer ni lo uno ni lo otro, sino dejar consolidar el impacto que puede tener la reforma aprobada en el 2002. Sin embargo, como la discusión está abierta, es importante recordar que la tasa de desempleo, sin que haya sido desvirtuado por ningún analista, empezó a bajar, consistentemente, desde enero del año 2003, fecha que coincide con la entrada en vigencia de la reforma. La tasa de desempleo ha bajado a 10,6, lo cual es un avance en los resultados. Valdría la pena que estos datos del Dane fueran confrontados con otras encuestas que entidades independientes realizan. Todas coinciden en la tendencia de disminución de la tasa de desempleo. Parece que algunos olvidan que, antes de la reforma, la tendencia de la tasa de desempleo iba en aumento, a pesar de los programas de empleo de emergencia desarrollados en el anterior Gobierno. Proyecciones de la Contraloría General mostraban en el año 2001, tiempo en el cual teníamos las mismas condiciones a las que algunos analistas proponen regresar, que la tasa de desempleo llegaría al 25 por ciento en el año 2005. Otra discusión, que también hay que dar, es la de qué tipo de empleo se ha creado. La reforma buscaba la creación de puestos de trabajo que permitieran un ingreso y promoviera la afiliación a la seguridad social, situación que también se ha conseguido. Lógicamente algunos de los puestos de trabajo que se han creado son informales y, al igual que ocurre en toda América Latina, muchos de los nuevos puestos de trabajo se han dado a instancia de contrato sindical, de cooperativas de trabajo asociado y de órdenes de prestación de servicios. No podemos desconocer que en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, existen algunos casos de abusos, sin que esto pueda atentar contra el mecanismo que, bien manejado, es válido aquí y en muchos otros países del mundo. Vale recordar que todas las figuras mencionadas, cooperativas, contrato sindical u órdenes de prestación de servicios, son permitidas por la ley y que no se puede entrar a descalificar como no válidas en la realidad laboral y legal de nuestro país. Deberíamos preguntarnos, creo yo, si la situación laboral y las proyecciones de hoy son mejores o peores de lo que era en el año 2002. Otros creen y promueven que lo que se debe discutir es si se crearon o no los 500.000 empleos que proyectaba, para los años 2003-2006, la exposición de motivos de la reforma. Desconocen en la discusión que el proyecto presentado por el Gobierno sufrió algunos cambios importantes. Por ejemplo, la propuesta era que los domingos no tuvieran ningún recargo y el Congreso de la República decidió que se mantendría el recargo, disminuyéndolo del 100 al 75 por ciento. No se acogió la recomendación del Gobierno y por lo tanto se modificó el modelo en el que se basó el cálculo del impacto laboral. De todas maneras, hay que recordar que un informe de la Contraloría General de la República dice que durante el primer año de la reforma se crearon, por efectos de la reforma, por lo menos 80.000 nuevos puestos de trabajo, al igual que el informe de la Universidad Nacional no desconoce la creación de puestos de trabajo. Lo que afirma es que no se crearon los puestos de trabajo bajo el contrato a término indefinido que ellos -los investigadores, con toda legitimidad, quieren promover. La otra discusión que debemos dar no es solo lo que ha pasado con la reforma, sino lo que podría pasar en el futuro del país si ésta se echa para atrás. Por lo tanto, la pregunta es sobre lo que más le conviene a Colombia, no solo a los empleados actuales, sino a los desempleados, a las futuras generaciones y en general al Estado colombiano. Este Gobierno no tiene duda. Creemos y queremos la globalización e incorporación de la economía colombiana a un mundo globalizado. ¿Qué posibilidad real existe de incorporarnos y de competir si a la baja productividad que hace poco encontró un estudio del Banco Mundial, le agregamos el regreso a la situación anterior? Adicionalmente debemos discutir si el estudio de constitucionalidad que ya lo había realizado la Corte Constitucional, se puede o no reabrir. Así mismo, hay que pensar en las repercusiones que tendríamos si la Corte Constitucional pasa de ser el juez del texto de las leyes, a analizar el impacto que cada una de éstas puede tener. ¿Qué pasa si por la puerta de atrás se le quita el control político al Congreso para concentrarlo en el poder judicial? ¿Dónde quedaría la independencia de los poderes y qué tanto afectaría la estabilidad institucional? Por último, recuerdo ampliamente la reflexión que hacía Juan Luis, que creo muy pertinente en este momento. Casi todos los que están hablando de quitar los instrumentos y regresarlos a la situación anterior, son personas que ha pesar de su respetabilidad y reconocimiento, no han creado un puesto de trabajo en la vida. Muchos, o casi todos, han sido consultores, asesores o empleados muy respetables, pero poco productivos en generación de empleo. Parece que algunos olvidan que, antes de la reforma, la tendencia de la tasa de desempleo iba en aumento, a pesar de los programas de empleo de emergencia desarrollados en el anterior gobierno.
