Regiones apuntan a privatizar parcialmente empresas de servicios

A Ebsa, Emcali, Isagén o electrificadoras regionales que antes nadie quería, ahora les salieron todo tipo de pretendientes, incluso los municipios y departamentos que ahora pelean para no perderlas.

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agosto 31 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-08-31

Los municipios y los departamentos le salieron a competir a las empresas privadas nacionales y extranjeras por la participación del Estado en compañías de servicios públicos.

En febrero de este año el Gobierno vendió con éxito las electrificadoras de Santander, Norte de Santander y Cundinamarca por 765.000 millones de pesos, 110.000 millones de pesos por encima del precio base.

Sin embargo, las firmas que las adquirieron son de capital público: EPM y EEB; la primera controlada por el municipio de Medellín y la segunda por el de Bogotá.

Entonces, según dijeron analistas, el Gobierno se anotó un 'gol' político, pues desvinculó su responsabilidad de dichas empresas, pero estas siguieron como parte del patrimonio público.

Sin embargo, dichas ventas contradicen claramente el documento Conpes de 2004 sobre la 'Estrategia para el mejor aprovechamiento de los recursos provenientes de las ventas de participación de la Nación y sus entidades en empresas públicas y privadas'.

En concreto, el artículo cuarto señala que es necesario que el sector público se desvincule de aquellas actividades y entidades donde no se amerita su participación a través del capital de riesgo y enfoque los recursos comprometidos en inversión social.

Además, rompen claramente con una tendencia que se presentaba desde mitad de los años 90 que consistía en entregar al sector privado grandes empresas públicas aquejadas por el alto endeudamiento y los manejos políticos.

De esa manera, en gran número de casos, se evitó la desaparición de varias empresas y el Gobierno Central obtuvo recursos para amortiguar el déficit fiscal.

Sin embargo, en los últimos meses, y escudados en la defensa del patrimonio público, pues las empresas en venta fueron creadas con aportes de los fiscos regionales, y un mejor estado de sus finanzas, gobernaciones y alcaldías aspiran a comprarlas.

También está fresca en la memoria un consejo comunal este año en Boyacá cuando la Gobernación y los alcaldes de los municipios se molestaron por el ofrecimiento de la electrificadora porque consideraban que pertenece al departamento y no deben comprarla.

Y aunque el Gobierno planteó una propuesta intermedia, que consiste en conseguir un operador idóneo, no se ha podido concretar la venta de la Empresa de Energía de Boyacá (Ebsa).

Los concejales y la administración municipal de Cali también han dejado sentado que el componente de telecomunicaciones, y mucho menos la empresa, deben tener mayoría de capital privado. Lo más cercano a ello ha sido la decisión de escindir dicha unidad y conseguirle un socio estratégico.

Según declaraciones a medios locales del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la empresa de telecomunicaciones que nacería de la escisión de Emcali sería en un 51 por ciento pública; 34 por ciento de un socio tecnológico; 15 por ciento de la Comunidad que se vincularía a través de un proceso de democratización accionaria.

Por su lado, el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, señaló en una rendición de cuentas reciente que la metodología para vender el resto de electrificadoras donde la Nación es accionista, como Huila, Caquetá y Nariño, vincula capital público.

"Se diseñó una metodología que fue vendérselas a las gobernaciones. En este caso, la del Huila está muy interesada en participar en el proceso", sostuvo el funcionario. El posible socio estratégico será también la EEB.

Según un analista, la privatización a medias de algunas empresas, entregándola a entes públicos, como es la naturaleza de EPM, crea inequidades porque las ganancias de esas empresas van a parar a los municipios o las gobernaciones.

Aún así, a mediados de agosto EPM oficializó su interés en comprar Isagén , a pesar de que en el pasado un concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio indico que quedaría con más del 25 por ciento del sistema generación, que es el límite que imponen las normas legales.

El economista Jorge Ospina Sardi no ve del todo mal que las empresas en venta de la Nación sigan en manos públicas siempre y cuando las compradoras comprueben una trayectoria de eficiencia y desligue de intereses políticos. Empero, reconoce que una subasta, que es el mecanismo preferido por el Gobierno para privatizar empresas, gana el que tenga la chequera más grande.

Por ello, es partidario de la salida a la bolsa tanto de las empresas compradoras como vendidas para que su manejo y administración sea sometida al análisis de los inversionistas.

La conveniencia de escoger



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