Al Plan Nacional de Desarrollo (PND) le espera un camino espinoso en su tránsito por el Congreso, pues algunos parlamentarios y analistas del sector rural le hicieron muy fuertes reparos.
Esto se evidenció este martes durante un conversatorio, convocado por la ONG Oxfam, que reunió a un grupo de especialistas sobre los temas de tierras y desarrollo rural.
Uno de los temas de candente actualidad consiste en una aparente inclusión del proyecto de ley de las Zidres, como parte del texto del PND.
Acerca de esto, el senador Jorge Robledo indicó que el Plan no tiene exposición de motivos lo que hace más difícil su lectura, mientras que sí está implícita una reforma a las tierras rurales.
La abogada Jhenifer Mojica, de la Comisión Colombiana de Juristas, indicó que el proyecto de las Zidres está como un ‘mico’, pues le da carta blanca al Gobierno para que reglamente a su antojo la figura.
En respuesta a estas opiniones, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) explicó que, en cuanto al contenido, el Plan busca darle al Estados un mayor control sobre sus baldíos, con el objetivo de adjudicarlos a campesinos pobres (con vocación agraria sin o con tierra) y a las comunidades rurales afectadas por pobreza, abandono forzado y el conflicto.
“La ley de Zidres promueve alianzas productivas entre campesinos, empresarios y propietarios de la tierra, con el fin de desarrollar proyectos, buscando incrementar la productividad en zonas alejadas con poca infraestructura y baja calidad de suelos”, concluyó el DNP.
Los especialistas convocados por Oxfam cuestionaron si el Gobierno tiene la facultad de reglamentar sobre aspectos del ordenamiento productivo y social, y adjudicar los baldíos, hasta hoy competencia del poder Legislativo.
En ese sentido, el Senador Alberto Castilla señaló que el Gobierno insiste en incluir en la legislación el llamado ‘derecho real de superficie’, que permite a los empresarios usufructuar las tierras aunque no sean sus propietarios.
Ahora, otros participantes en el conversatorio reclamaron la legitimidad del porqué, al parecer, no fue consultado con las comunidades afectadas, como campesinos y minorías étnicas.
Otros indicaron que su articulado contradice los acuerdos logrados en La Habana y adiciona medidas que lesionan un desarrollo rural incluyente.
Adicionales reparos se han hecho a las facultades que se le den al Ejecutivo de fusionar o crear entidades; otros, en torno a las modificaciones que tendría la Comisión de Crédito Agropecuario (CNCA).