Por ello, la discusión de las propuestas generó un intenso debate entre varios ministerios y Planeación Nacional, generando incluso un amago de renuncia por parte del Director del Inco. Y es que con las determinaciones adoptadas es muy poco el margen de maniobra que queda en materia fiscal para acometer nuevos proyectos o para atender emergencias como las generadas por la intensa ola invernal de los últimos meses. Sin embargo, una vez más se impusieron los criterios del Ministerio de Transporte, cuyo poder dentro del gabinete contrasta con las pésimas calificaciones que recibe por parte de los gremios y del público en general, como lo ratificó el Presidente de la Andi. De tal manera, ahora lo que viene es prestar atención a la ejecución de lo aprobado por el Conpes. El motivo es que fue concedida la prórroga de cuatro quintas partes de las 22 concesiones viales vigentes en el territorio colombiano, que implican aportes del presupuesto nacional por más de 2,5 billones de pesos hasta el 2012 y, en un caso particular, hasta el 2021. Eso, que en principio no tiene nada de malo, debería servir para garantizarle al país una serie de nuevas obras. No obstante, una avalancha de renegociaciones puede desbordar la capacidad del Inco para pactar bien, en orden y con pulcritud, un buen número de cambios fundamentales. Un desafío de la misma índole es el que tiene el Invías, que recibió por parte del Conpes el encargo de desarrollar el programa de corredores arteriales complementarios de competitividad. Estos comprenden 1.509 kilómetros de carreteras distribuidos en 19 tramos ubicados a lo largo y ancho del país que, con un costo de 2,5 billones de pesos entre el 2009 y el 2013, deberían conectar a diferentes regiones con las principales troncales. Tal como ocurrió con el criticado Plan 2.500, será el Ministerio de Transporte el encargado de desarrollar los trámites y hacer las contrataciones correspondientes para que las obras se vuelvan realidad. Debido a las decisiones mencionadas son pocas las esperanzas de que vayan a cambiar las cosas en el que constituye, sin duda, el lunar más grande de la administración. A pesar de los consejos de los expertos en el sentido de dividir las funciones de planeación, estructuración, ejecución y control de los proyectos en diferentes instancias del Gobierno, es claro que el sistema actual va a continuar, a pesar de las malas experiencias. La prueba es que aparte de uno que otro avance, todavía están en veremos dos iniciativas claves: el túnel de La Línea y la Ruta del Sol, consistente en una doble calzada entre el centro del país y Santa Marta. Como van las cosas, lo más probable es que este año tampoco comience la construcción, lo cual afecta la competitividad del país. Eso no deja de ser increíble si se tiene en cuenta que el cuello de botella ya no son los recursos, pues tanto inversionistas colombianos como extranjeros han manifestado su disposición de financiar la infraestructura. Además, con una desaceleración económica más profunda que lo previsto, parecería lógico que este tipo de iniciativas reciba un impulso más decidido, para reactivar la producción, el empleo y la confianza de los consumidores. Pero por lo visto, la propuesta de hacer las cosas de manera diferente, todavía no ha recibido la señal de vía libre. '' A pesar de las quejas de la opinión y de los gremios, el Ministerio de Transporte sigue imponiendo sus criterios en materia de concesiones y construcción de vías.WILABR
Finanzas
24 jul 2008 - 5:00 a. m.
La misma ruta
Quizás fue la avalancha de noticias de los últimos días o quizás fue la escasa credibilidad que tiene el Gobierno en un tema en el que han abundado más las promesas que las realizaciones, pero lo cierto es que la luz verde dada el viernes pasado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), a un par de documentos relacionados con las carreteras, fue escasamente registrada en los medios de comunicación. Pero no debería haber sido así. La razón es que tanto en materia de concesiones existentes, como de construcción de vías nuevas, el Ejecutivo tomó decisiones fundamentales que incluso le obligaron a declarar la importancia estratégica de las obras, que consiste en comprometer recursos públicos más allá del actual periodo presidencial.
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