Como consecuencia de la burla que las Farc hicieron de la oferta generosa que les brindó la sociedad para terminar el conflicto por la vía pacífica, esta posibilidad de una paz negociada perdió viabilidad política en el Caguán. Una mayoría de los colombianos creen que la única solución es presionar militarmente a las Farc hasta derrotarlas.
Sumado a lo anterior, la importancia que se le concede a la protección y concebir seguridad exclusivamente como un problema militar y de orden público hacen correr el riesgo de que la campaña que se inicia ahora sea monotemática y gire exclusivamente alrededor de la seguridad 'democrática', sin incorporar otros debates prioritarios como el de la desigualdad social y el menosprecio de las leyes (Mauricio García en El Espectador de mayo 30 de 2009), o ampliar los objetivos para incorporar la defensa de la democracia y la supresión de la influencia de las mafias o de otras formas de violencia en la política, como pide León Valencia (El Tiempo, mayo 30 de 2009).
Esto último puede resultar más efectivo para derrotar a las Farc (o a los paramilitares y a sus grupos emergentes) que la presión militar, porque quitándole capacidad financiera a las mafias implica quitársela a la guerrilla y a los paramilitares.
Paul Collier, de Oxford, calcula que los conflictos internos duran típicamente entre 7 y 15 años, 20 veces más que las guerras entre naciones. Rara vez se acaban hasta que un lado aplasta al otro, o lo deja sin financiación (Graham Rowley, The Fights That Do Not Want to End, New York Times de mayo 24, 2009).
Los movimientos insurgentes comienzan aduciendo generalmente causas nobles, pero al cabo del tiempo solamente les interesa preservarse y conservar los recursos que contribuyen a ese fin y financian largos períodos de 'guerra de desgaste' durante los cuales ninguno de los dos lados logra derrotar al otro.
Los conflictos solamente terminan cuando el equilibrio financiero se rompe y uno de los lados consigue fortalecerse militarmente y ganar la guerra.
En Colombia hemos estado desgastándonos durante los últimos 50 años o más. Debilitar o acabar con el narcotráfico, secaría la principal fuente de financiación de la guerrilla y de los paras, facilitando su derrota definitiva.
Pero la seguridad no debe limitarse a acabar con las Farc o abarcar solamente protección física de los ciudadanos y de los activos. El aspecto de seguridad económica ha sido descuidado y está flaqueando. Hay más de 2.5 millones de desempleados.
En ciudades como Pereira e Ibagué, uno de cada cinco trabajadores no encuentra empleo.
El desempleo ha pasado de 10.9 por ciento en 2007, el año del boom, y ya supera el 12 por ciento. No es mayor porque hay un aumento apreciable de la informalidad.
El gobierno no ha actuado responsablemente para suavizar el impacto de la crisis mundial. Primero hizo como si no existiera ("estamos blindados") y ahora dice que el desempleo era previsible y que la economía va mal como consecuencia de la crisis mundial y la cosecha cafetera. "Colombia no se va a acabar", les dicen a quienes están alarmados. No se va a acabar pero si va a haber mucha gente comiendo de lo que sabemos por falta de seguridad económica.
Hay mucho que añadirle a la seguridad "democrática" para que de veras sea "seguridad democrática".
Los candidatos están obligados a proponer una vigorosa revisión del tema para que sin ceder en el esfuerzo contra guerrilla y paramilitares, incorpore la seguridad económica, la promoción de la justicia, el respeto a la legalidad y el debilitamiento del narcotráfico.
