Tras la presentación de un diagnóstico social de cómo está el sector rural, José Antonio Ocampo, director de la Misión para la Transformación del Campo, indicó que como parte de las conclusiones de su trabajo, se propondrán seis estrategias para saldar la deuda que el país tiene con este sector.
La presentación la hizo el exministro durante las sesiones del 38 Congreso Nacional Agrario, que sesionará hasta hoy en Villavicencio.
Las estrategias comprenden temas como la inclusión social con enfoque de derechos, la inclusión productiva, la ruralidad competitiva, sostenibilidad ambiental, desarrollo con enfoque territorial y reforma institucional.
Para los temas de competitividad indicó la necesidad de una provisión adecuada de bienes públicos, una política macroeconómica, comercio exterior, servicios financieros y comercialización; y apuestas productivas en cadenas con amplias potencialidades en mercados externos o internos.
Para la provisión de bienes públicos, Ocampo consideró prioritarias las inversiones en asistencia técnica, vías terciarias y adecuación de tierras.
Para una mejor sanidad agropecuaria, Ocampo pidió la despolitización del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y fortalecer la parte técnica, que es su verdadera misión.
En cuanto a la seguridad jurídica, se propone que los temas de tierras rurales sean manejados por una institución especializada que podría llamarse ‘Agencia Nacional de Tierras’ y una jurisdicción agraria que dirima los conflictos correspondientes.
Una de las tareas esenciales de dicha agencia sería un programa de formalización de títulos, acompañada por la modernización del catastro y el registro de propiedades.
Otros bienes públicos necesarios son información, seguridad y acceso a la justicia.
Las recomendaciones de la Misión Rural van más allá; por ejemplo, propuso una política cambiaria orientada a evitar la sobredevaluación y excesiva inestabilidad del tipo de cambio, algo que ha venido siendo la constante en la economía colombiana.
En cuanto al crédito rural, este deberá orientarse, de forma prioritaria a los pequeños productores, mientras que el programa de subsidios Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), deberá aumentar su presupuesto a medio billón de pesos anuales.
Por su parte, los fondos de estabilización de precios pueden ser también objeto de apoyo directo del Estado, “siempre y cuando sean simétricos”, destacó Ocampo.
Los seguros agrarios también cobran prioridad en las recomendaciones de la Misión, pues demandan mejorar la oferta y mercados activos de derivados.
Otro de los temas álgidos durante su presentación en el Congreso Agrario fue el de la diversificación de exportaciones; “este exige crear nueva oferta exportable, debe ser la prioridad en materia de comercio exterior y deben priorizarse las actividades del ICA para romper barreras fitosanitarias en los mercados de destino”.
En clara alusión a las diversas protestas de algunos grupos económicos, respaldó mantener las franjas de precios y las agendas de desgravación establecidas en los diferentes tratados de libre comercio (TLC) firmados por Colombia.
Por la infraestructura de comercialización de productos agropecuarios, la Misión indicó que debe ser objeto de atención especial en los programas de inclusión productiva y, en el caso de iniciativas empresariales, puede contar con inversión de Finagro como inversionista minoritario.
Lo anterior quiere decir una mayor actividad del llamado Fondo de Capital de Riesgo de la entidad financiera.