Siguen los abusos en recobros de medicamentos al Fosyga

Minsalud plantea que los medicamentos que no tienen registro sanitario no puedan ser recobrados.

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noviembre 29 de 2012 - 11:38 p.m.
2012-11-29

En el Gobierno se respira cierto aire de frustración porque las medidas adoptadas para reducir los recobros de las EPS al Fosygano han dado los resultados que se esperaban.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, reconoció que a pesar de que hace dos años se fijaron unos precios máximos de recobro por medicamentos y de que algunos de estos fueron incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) del régimen contributivo, “los recobros no han disminuido de manera sustancial”.

En el 2010, dichos cobros (que incluyen procedimientos e insumos no contemplados en el POS) llegaron a un pico de 2,4 billones de pesos; un año después bajaron a algo más de 2,1 billones y estimaciones preliminares los ubican en 1,8 billones este año.

El panorama, señaló el funcionario, “es de abusos sistemáticos con un sistema generoso que se deriva de una interpretación maximalista del derecho fundamental a la salud y, si se quiere, de un exceso de judicialización de la salud”.

Una muestra de que los abusos siguen siendo parte del funcionamiento del sistema es que el año pasado hubo recobros de medicinas utilizadas en indicaciones no aprobadas por el Invima.

Es el caso de tacrolimus, un ungüento para tratar la psoriasis, se recobró en un 30 por ciento de los casos en indicaciones no aprobadas por la entidad, o del bevacizumab, para el cáncer de colon, se recobró en un 25 por ciento de los casos en la indicación de cáncer de mama.

Gaviria no duda en llamar “recobros irracionales entre el 2010 y el 2012” los siguientes: 251 recobros de Rosiglitazona (para diabetes) de prestaciones realizadas después de haber sido retirado del mercado por el Invima debido a su toxicidad cardiovascular en 2010.

También, este año, los de aliskireno (para la tensión arterial), hacen parte del top de recobros, que fue retirado del mercado alemán por recomendación del instituto de evaluación de tecnologías de ese país, o el del eculizumab (para la anemia hemolítica), que sin estar registrado en el Invima en el 2010, un fallo de la Corte Constitucional ordenó su entrega a un paciente; ese mismo año obtuvo el permiso de la institución.

En el 2012, por ese producto, precisó el Ministro, Colombia ha pagado cuatro veces más por habitante que Brasil, siendo el medicamento más caro del mundo: cerca de 12 millones de pesos por ampolla.

Esos y otros casos, agregó, son los que una ley estatutaria de la salud debe ser capaz de evitar, prohibiendo, por ejemplo, que los medicamentos que no tienen registro sanitario no puedan ser recobrados.

El país, demandó Gaviria, tiene que dar una discusión grande sobre la ley estatutaria, que consolide y proteja el derecho fundamental a la salud de los colombianos. “Queremos hacer una construcción legítima, participativa, de lo que la sociedad quiere pagar en el tema de salud”, enfatizó.

Retomando elementos de cuatro proyectos de ley estatutaria radicados en el Senado, el Gobierno está trabajando, entre otros expertos con el expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, en tener un articulado coherente, que es el corazón de la ponencia que comenzará a ser debatida en la corporación.

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