Además de ser la noticia del año, junto con los horrorosos falsos positivos, las pirámides con DMG a la cabeza, deben servir para reflexionar no solo sobre el comportamiento social, sino sobre la validez de muchas de nuestras instituciones, montadas para que funcionen en el marco de la legalidad.
Es el caso de entes como la Dian, la Superintendencia Financiera y las demás superintendencias, que desempeñan su trabajo siguiendo a los ciudadanos que operan en el marco legal que se ha establecido. No es eso malo, pero si insuficiente.
Hay varios elementos adicionales que deben ser objeto de revisión, ahora que ha ocurrido esta catástrofe de dimensiones sociales y económicas que nadie sabe ni sabrá cuantificar, en buena parte porque todo lo que ocurra de ahora en adelante da para culpar a Murcia y su gente, lo cual termina enredando aún más las cosas.
Todos debemos reflexionar sobre el asunto. Por ejemplo, resulta extraño y desalentador que la presidenta a de Asociación Bancaria, ex ministra y ex jefe de Planeación Nacional, diga que la banca colombiana nada tiene que ver con la informalidad financiera que ha impulsado a las pirámides.
Es cierto que no se puede culpar a la banca de los problemas de legalidad o de inducir a ello, pero si hay que decir que en parte importante el tratamiento que recibe la gente del común, incluyendo a los pequeños empresarios, por parte de los establecimiento financieros es un estímulo a que se busquen alternativas de supervivencia. Lo viven diariamente las micro y pequeñas compañías.
Hace unos días, un comentarista de la televisión dijo que se debería entrar a debatir la función social del sistema financiero, que no puede reducirse a prestar dinero sin importar nada más. No está bien, por ejemplo, que se pregone que a los pobres o a las microempresas, hay que prestarles dinero a una tasa de interés por encima a que del resto de la economía con el argumento de que resultan más riesgosos para el sistema.
Creo que el comentario era válido y no debe echarse en saco roto.
Los servicios financieros son muy caros, incluyendo los que tienen que ver con el mismo manejo de los recursos de ahorro. Y en esta materia resulta absolutamente inocua la tarea de la Superfinanciera, que parece argumentarque eso hace parte de la libre empresa o del libre mercado.
Es una distorsión de la teoría que no debe hacer carrera y el gobierno hacer su tarea de intervenir.
Son muchas las conclusiones que podemos sacar de este triste episodio, comenzando por reconocer los errores de todos. Buscar en forma oportunista responsables no conduce a nada.
MARIO HERNÁNDEZ
Empresario exportador
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