Tras varios meses de visitas y análisis, la Superintendencia Financiera expidió el documento preliminar de las medidas que en los próximos meses le pondrán 'tatequieto' a lo que llamó cláusulas abusivas de las entidades del sector financiero. Las normas abordarán los aspectos que configuran la posición dominante de las instituciones, como las cláusulas que las dejan libres de cualquier responsabilidad y se la descargan toda al cliente, o aquellas que lleven al usuario a renunciar a sus derechos. El proyecto, que tiene plazo de comentarios hasta el 8 de julio, establece que una vez se expida la reglamentación, los defensores del consumidor tendrán que revisar los contratos de las entidades y, en máximo un mes, deberán enviar al organismo de control un informe detallado de todas las cláusulas y prácticas abusivas detectadas. Según lo planteado, los bancos y demás instituciones financieras no podrán imponerles a los clientes que asuman, de forma anticipada, toda la responsabilidad por el uso de tarjetas débito y crédito, talonarios o dispositivos móviles, ni tampoco por cualquier falsedad, extravío o uso indebido de estos. Tampoco podrán forzar al consumidor a que responda por cualquier operación hecha con la clave que le fue asignada y en las transacciones por Internet no se podrá exigir que se certifique la utilización de un computador seguro. En los contratos quedarán prohibidas las condiciones que eximen a las entidades de cualquier obligación por los retiros realizados con documentación falsa o adulterada, o por el pago de cheques falsos. Así mismo, ninguna entidad financiera podrá utilizar cláusulas que le den vía libre para modificar los términos y las condiciones de los contratos de forma unilateral y sin el consentimiento previo y expreso del cliente. También quedarán abolidas las estipulaciones que le fijan un plazo al consumidor para pronunciarse sobre el contenido de los extractos y que, si este no se manifiesta, se entiende como aceptada dicha información. Se pondrá freno a la letra menuda que faculta a los bancos y demás emisores de tarjetas de crédito para modificar las condiciones de uso de estos productos. Ninguna entidad podrá bajar el monto de las líneas de crédito sin informárselo al cliente. Tampoco podrá obligar a un clientes a que contrate un producto o servicio con una persona o empresa específica.
