El superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa, se mostró confiado en que las explicaciones y argumentos contenidos en el recurso de reposición presentado ayer en la mañana ante la Procuraduría General de la Nación, terminen por convencer al jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, de que su actuación estuvo ajustada a las normas y motivadas por la preservación de la estabilidad del sistema financiero.
Tanto Hernández como su abogado, el penalista Jaime Camacho, indicaron que, con los elementos e información que la Superfinanciera tenía hasta el 18 de julio del 2012, era muy difícil tomar una medida de suspensión de la negociación de la acción de Fabricato y, mucho menos, elevar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por una posible manipulación del título y la liquidez de la Bolsa Mercantil, lo que provocó las sanciones disciplinarias de la Procuraduría.
“Con base en la información que se tenía y que no era concluyente, hubiera sido irresponsable haber suspendido la acción de Fabricato, pues se desconocía todo lo que el proceso de investigación de la Superfinanciera arrojó luego, es decir, que InterBolsa sí estaba metida, no a través de la comisionista, sino de la holding, pero eso se llega a saber mucho después”, explicó el funcionario.
Pero algo muy distinto es lo que cree el procurador Ordóñez, para quien la actuación del Superfinanciero llegó tres meses tarde (noviembre), razón por la cual, en primera instancia, lo destituyó y lo inhabilitó para ejercer un cargo público por 12 años. Algo que en opinión de Hernández Correa y su abogado es desproporcionado y puede generar graves problemas a futuro en materia de supervisión.
“En adelante, un Superfinanciero será un total irresponsable porque si le llega una queja de cualquier persona, de inmediato debe ir a la Fiscalía a denunciar sin siquiera tener pruebas de si lo que se está denunciando es cierto o no”.
Insistió que, con el recurso presentado ayer, lo que se evidencia es que existe una clara diferencia de criterios entre la Procuraduría y la experiencia técnica de más de 90 años de la Superfinanciera. Sin embargo, aclaró que desde la Superfinanciera siempre han visto esta decisión como un tema institucional más que personal y confía en no tener que llegar hasta otras instancias, como el Consejo de Estado, para que se le dé la razón frente a este espinoso tema.
Según Camacho, la norma prevé que dicho recurso debe ser resuelto en los 20 días posteriores a su presentación, pero en su opinión, ante las circunstancias actuales, otros asuntos que demandan la atención de la Procuraduría podrían hacer que el plazo sea mayor.