A través de un comunicado de prensa, el Superintendente Financiero además indica que dejó en manos del Gobierno la permanencia suya al frente del órgano de vigilancia y control del sector financiero colombiano.
El alto funcionario dijo que respeta y acata la decisión tomada por la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos, pero advirtió que está seguro de haber actuado conforme a la ley y de manera oportuna para garantizar la protección de los inversionistas y el normal funcionamiento y estabilidad del mercado de capitales colombiano.
"Es importante mencionar que en este caso particular la decisión de la Procuraduría General de la Nación ocurre por una diferencia de criterio respecto a la interpretación del ejercicio de las funciones de supervisión que ejerce la Superintendencia Financiera de Colombia y, en ningún caso, se ha cuestionado la rectitud y honestidad de las actuaciones adelantadas", indicó Hernández en su comunicación de cuatro puntos.
SANTOS NO ESTÁ DE ACUERDO
El presidente Juan Manuel Santos, por su parte, rechazó la decisión de la Procuraduría aunque dijo que la respeta. El Mandatario agregó que Hernández estaba altamente capacitado para realizar esa labor y lo señaló como una persona transparente y dedicada a su trabajo.
La decisión ha despertado inconformidad en algunos sectores que señalan que se está condenando primero a los encaragados de ejercer el control, antes que a las personas que cometen los delitos.
La Procuraduría también señaló que fueron cobijados en su decisión del jueves Diego Mauricio Herrera, exsuperintendente delegado de Riesgos del Mercado, Rosita Esther Barrios Figueroa, en su condición de Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos.
Tras analizar un “vasto caudal probatorio”, el Ministerio Público encontró que la Superintendencia Financiera no adoptó ninguna medida preventiva para proteger a los accionistas que confiaban en que había un respaldo con excelente valorización.
En este caso, el Ministerio Público dijo que la Superintendencia Financiera no adoptó ninguna medida preventiva para proteger a los accionistas que confiaban en que había un respaldo con excelente valorización.
De igual manera, Ordóñez sostuvo que en una reunión, que se produjo el 18 de junio de 2012, los funcionarios de la Superintendencia hicieron una presentación contundente sobre la situación de la comisionista, pero Hernández hizo caso omiso para favorecer a InterBolsa.
En la investigación, que llevó a cabo la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, analizó con técnicos financieros las operaciones llevadas a cabo por la comisionista hoy en liquidación, entre ellas los repos con acciones de Fabricato que fueron sobrevaloradas y el debate de control político que se hizo el Congreso sobre el caso.
También analizó de la actuación de la Superintendencia y verificó la forma como reaccionó y tomó medidas en relación con los datos provenientes del mercado de valores y que podrían señalar la presencia de presuntas irregularidades por parte de la Comisionista de Bolsa InterBolsa y sus clientes en relación con las sanas prácticas del mercado.
Según el Ministerio Público, para 2012 la Superintendencia tenía probado que no existía lógica para el aumento excesivo precio de las acciones de Fabricato.
“Los compradores no recibirán ninguna contraprestación por las acciones ni hoy ni en el futuro. La Superintendencia y su deber de control al sistema financiero, debió ver todas las anteriores situaciones pero en particular la confianza al mercado de valores. Tenía la obligación de salvaguardar recursos de los inversionistas”, señaló el Ministerio Público.