La medida, sin embargo, ya generó el rechazo de las empresas de vigilancia y del gremio que agrupa a la propiedad horizontal.
El presidente de este último, Édgar Goyeneche, dijo que no está de acuerdo con que a los residentes se les carguen más costos, pues el servicio de vigilancia ya es oneroso para el 53 por ciento de los habitantes de la capital que viven en 37.000 conjuntos residenciales de la ciudad.
La Superintendencia hizo un sondeo y afirma que, según datos del sector asegurador, las pólizas dependen del nivel de siniestralidad de cada empresa y sus riesgos.
De acuerdo con el ente, en promedio podría costar entre 10.000 y 15.000 pesos anuales por cada vigilante, para una póliza de 40 millones de pesos, lo cual no representa un costo mayor para las empresas y sí generaría una protección para las familias de los más de 82.000 vigilantes o celadores que prestan servicio en Bogotá.