La suspensión será efectiva hasta que se produzca una decisión de fondo en la revisión de una tutela presentada por el Ministerio de Transporte.
Cotes se enteró de la decisión de la Corte el pasado miércoles durante la audiencia en la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, que le formuló cargos para que responda por las presuntas irregularidades en la licitación de la vía, adjudicada el 12 de agosto del 2013 al Consorcio Ribera Este.
En cumplimiento de la medida, la Gobernación suscribió el jueves con el Consorcio un acta de suspensión del contrato, firmado en octubre del año pasado y cuyo inicio estaba previsto para febrero.
La tutela llegó a revisión de la Corte Constitucional luego de que un fallo del Juzgado 34 del Circuito de Bogotá ordenó, en agosto del 2013, suspender provisionalmente el contrato, amparando el debido proceso invocado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que le solicitó al gobernador Cotes declarar desierta la licitación de la vía tras dar por terminado unilateralmente el convenio interinstitucional que aseguraba los recursos de la Nación para la misma por presuntas irregularidades.
Esta decisión fue revocada al mes siguiente por el Tribunal Superior de Bogotá por considerarla improcedente y el Ministerio de Transporte la llevó a consulta ante la Corte Constitucional.
La adjudicación de este contrato siempre estuvo rodeada de críticas, tanto por parte de la Contraloría como del Ministerio de Transporte; vicios en la publicación de los avisos de la convocatoria, cambios a los estudios previos y al pliego de condiciones por fuera de los términos legales y el descontento de algunas veedurías del Magdalena eran algunas de las críticas. Uno de los puntos de mayor controversia fue la baja presencia de firmas interesadas, pues solo hubo tres propuestas.
La Vía de la Prosperidad tiene un costo total de 466.000 millones de pesos.
Paola Benjumea
Santa Marta