Telecomunicaciones y TLC

Las telecomunicaciones fue uno de los temas que más discusiones generó durante la negociación del TLC. En dos años se superaron varias pretensiones norteamericanas y se entendió mejor el alcance de otras.

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febrero 27 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-02-27

Basta recordar posiciones como la exigencia de privatizar empresas estatales, discusiones sobre disposiciones que propiciaban el marchitamiento y desestímulo de las inversiones de los operadores colombianos, o aquellas que desconocían la realidad colombiana sobre comunicaciones sociales, y resquemores sobre tratos asimétricos en cargas y obligaciones entre operadores nacionales y estadounidenses. Nada de esto quedó en lo acordado. Además de superar temas y preocupaciones, se sabía que un buen acuerdo sería fundamental para lograr los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. Adoptar disciplinas regulatorias ayuda a aumentar nuestra competitividad y mejora el nivel de vida de la población. Colombia tiene un sector de telecomunicaciones bastante competitivo, pero con importantes retos y oportunidades, evidenciados durante la negociación. Varios de los principios regulatorios acordados se adoptaron en nuestra normatividad interna. Uno garantiza que tanto operadores como empresas pueden acceder a la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones para la comercialización de sus servicios, pero no significa poder prestar servicios de telecomunicaciones sin autorización estatal, ni impide que los operadores reciban una remuneración razonable por el uso de su infraestructura. Además, garantiza la presencia comercial para prestar servicios públicos de telecomunicaciones en Colombia, y un trato equitativo en cargas regulatorias y aportes al Fondo de Comunicaciones. Los denominados servicios de información ofrecen oportunidades futuras de negocios para empresarios y operadores de telecomunicaciones. Respetando la autonomía de cada país para clasificar ciertas actividades como servicios de información, se garantiza que esos servicios, mayormente asociados a contenidos, puedan ser suministrados a terceros, utilizando instalaciones propias o no, sin sujeción a ciertas condiciones exclusivas de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Muchos temas sensibles para el Gobierno Nacional y para los operadores nacionales se cerraron acorde con nuestros intereses. Respetando el régimen de licencias para prestar servicio de larga distancia, los tres operadores colombianos quedaron satisfechos al establecerse que el tráfico se enviará sobre sus instalaciones. Por primera vez Estados Unidos aceptó la aplicación a los operadores de servicios móviles de las disposiciones sobre salvaguardias competitivas, propias de los prestadores dominantes de telecomunicaciones. Sin perjuicio de las facultades del Estado para regular los servicios comerciales móviles, que quedaron incólumes, estos operadores no podrán otorgar subsidios cruzados o usar información obtenida de sus competidores con fines anticompetitivos. Los logros en materia de comunicaciones sociales son apreciables. El país seguirá definiendo autónomamente las obligaciones de servicio universal impuestas a los operadores, y no hay cambios al esquema de financiación actual mediante el Fondo de Comunicaciones. En el anexo sobre telefonía rural Estados Unidos acepta que a los prestadores de los servicios en zonas rurales con 4.500 o menos líneas fijas no le son exigibles las obligaciones que sí aplican para los operadores dominantes de telecomunicaciones. Esto significa que a la operación en centros rurales con necesidades básicas insatisfechas no le aplican principios regulatorios que buscan mayores niveles de competencia, pero que podrían desestimular la inversión en estas zonas. En cifras, la excepción cobija operaciones equivalentes al 9 por ciento de las líneas fijas instaladas y excluye buena parte de las disciplinas regulatorias para operaciones en más de 800 entidades territoriales. * Columna de la Fundación Buen Gobierno

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