Dicha circunstancia no le es indiferente a la sociedad colombiana. Las encuestas hechas con el fin de medir la intención de voto entre los ciudadanos que piensan participar en los comicios del 30 de mayo, muestran que la falta de oportunidades de trabajo es considerada como el primer problema nacional. En respuesta, los candidatos han tratado de referirse al tema, sin que ninguno haya ido mucho más allá de los lugares comunes que son usuales en estos casos. Aparte de las promesas normales de más empleo o de eventuales planes de choque, se notan más las vaguedades que las certidumbres. Eso no quiere decir que la algarabía propia de la campaña sea despreciable. Es indudable que quien llegue a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto tendrá el combate a la desocupación dentro de los primeros puntos de la agenda pública. No obstante, lo ideal es que en ese momento el nuevo Presidente arribe al cargo después de haberse inoculado una dosis de realismo, pues este nudo gordiano no se puede cortar de un tajo, sino que tiene que desenredarse con paciencia y políticas de largo plazo. Dicho de otra manera, el regreso a tasas de desempleo bajas va a demorar años, incluso si el crecimiento se acelera por encima de lo que está previsto. La certeza de que las políticas de creación de plazas laborales son como un árbol que se demora en florecer, debería estimular el estudio de diversas fórmulas. En ese sentido, es encomiable el esfuerzo que están haciendo varias universidades y el propio Gobierno a la hora de mirar posibles alternativas y discutirlas a fondo. Así ocurrió hace unos días en un foro que tuvo lugar en la Universidad Externado de Colombia, en el cual uno de los platos fuertes fue una propuesta hecha por los ex ministros Rodrigo Botero y Domingo Cavallo, quienes plantearon la adopción de incentivos a la generación de empleo formal y cuyos planteamientos fueron analizados en estas páginas editoriales hace unas semanas. Sin necesidad de entrar a repetir la propuesta, vale la pena recordar que los economistas citados hablaron de trasladar las exenciones tributarias en favor de la compra de activos fijos que forman parte integral de la política de confianza inversionista de la administración Uribe a las nuevas contrataciones de trabajadores. De tal manera y puesto de forma muy simple, los descuentos en el impuesto a la renta se trasladarían a los pagos de los llamados parafiscales, en la medida en que una compañía determinada logre incorporar más personal. En respuesta, Planeación Nacional hizo un ejercicio de simulación, recordando que no es la primera vez que en el país se pone en práctica lo que se conoce como políticas activas de empleo. Por ejemplo, la Ley 789 de 2002 dio a luz un programa cuyo objetivo era la creación de 90.000 cargos, y que consistía en subsidiar la tercera parte del costo del salario mínimo que se le pagara a cada nuevo trabajador contratado. Sin embargo, al cabo de tres años sólo se habían generado 1.148 puestos, quizás por los requisitos que obligaban a enganchar personas con poca capacitación. Aunque esas condiciones no existen en la idea de Botero y Cavallo, Planeación encontró que en una primera fase los efectos serían benéficos, pero que a la larga el saldo sería negativo. En cifras concretas, se generarían 334.000 empleos formales, la mayoría de ellos no calificados, pero sería necesario un aumento en los impuestos para reemplazar el bajón en el recaudo de parafiscales y ello haría más daño que bien. Lo anterior no implica que haya que desechar la iniciativa de los ex ministros, sino que hay que profundizar en el análisis de esa y otras propuestas. Eso le debería ayudar al próximo Gobierno a madurar proposiciones audaces y valerosas, pero que deben tener como objetivo la adopción de medidas que permitan estimular el crecimiento, mejorar la productividad y darle trabajo formal a un número cada vez más significativo de colombianos. "La certeza de que las políticas de creación de plazas laborales son como un árbol que se demora en florecer, debería estimular el estudio de fórmulas que le sirvan al próxi- mo Gobierno a la hora de tomar decisiones".ADRVEG
