Una valorización fusilada

Con los recuerdos todavía frescos del notorio fracaso de la actualización catastral, vuelve el Distrito Capital a armar polémica, ahora por el cobro de la contribución de valorización, afectada, como han estado informando los medios, por errores e injusticias protuberantes. Además, existen ciertas dudas acerca de las bondades del procedimiento utilizado e incluso de su legalidad.

POR:
diciembre 21 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-12-21

Según los Acuerdos Distritales 7 de 1987 y 8 de 2000, el pago de la contribución de valorización podrá hacerse: “…De contado en los tres (3) primeros meses a partir de la fecha en que quede legalmente ejecutoriada la resolución de asignación…”. Si los contribuyentes tienen dos meses para interponer el recurso de reconsideración contra tales resoluciones, según las normas, significa que el plazo para el pago de contado no debería ser inferior a cinco meses, a partir de la notificación de la resolución respectiva; cosa diferente es la graduación de los descuentos. Las resoluciones que ha venido notificando el IDU están fechadas el 30 de Noviembre del 2007, de manera que, tanto el límite señalado inicialmente para el pago de contado (28 de diciembre), como el prorrogado (28 de enero), vencen antes que la resolución quede en firme. Es decir, que el IDU está fusilando antes que llegue la orden. El afán de la administración distrital por recuperar en parte los dos años transcurridos desde cuando fue aprobada la contribución que hoy se cobra, no puede llevarla a restringir los derechos de los contribuyentes, que es lo que ocurre con el procedimiento adoptado, porque en la práctica recorta sin razón el plazo que los contribuyentes tienen para reclamar contra las valorizaciones. Quizá por esa razón se ha venido informando a los contribuyentes que para reclamar deben pagar previamente, afirmación que es inexacta; si el contribuyente está inconforme con el valor de la contribución puede interponer el recurso sin pago previo. Por supuesto, cuando su reclamación se decida en forma definitiva deberá cancelar la suma que finalmente le sea asignada, seguramente con intereses de mora. A este respecto es importante precisar que el valor total de la contribución señalada en los recibos de pago es la suma de dos factores, determinados en sendas resoluciones independientes, relativas a ‘Obras del Sistema de Movilidad’ y ‘Predios, Estudios y Diseños y Administración’ de las mismas obras. De manera que si se recurre una sola resolución, la otra quedará vigente. Pero además de restringir los plazos para los recursos y los pagos, las resoluciones del IDU son difíciles de leer y de entender, no solo porque literalmente es letra muy menuda, sino por el lenguaje, que se limita a citar normas, más confusas que informativas. De su lectura es imposible saber cuáles son las potenciales obras que tienen influencia sobre el valor de la propiedad gravada. Tampoco la oportunidad ha sido la mejor; aunque no fuera cierto que el proceso se dilató por razones políticas, las fechas de pago van a coincidir con los vencimientos de otros impuestos territoriales, como el predial y el de vehículos. En síntesis, no estamos precisamente frente a una buena muestra del principio tributario de la comodidad, que debe ser observado por los buenos administradores; parece más bien una inocentada, que a última hora se corrió un mes para hacerla menos evidente. Consultor privado El afán de la administración distrital por recuperar en parte los dos años transcurridos desde cuando fue aprobada la contribución que hoy se cobra, no puede llevarla a restringir los derechos de los contribuyentes”.EMIMEN

Siga bajando para encontrar más contenido