La destrucción de dos puentes peatonales fronterizos y el anuncio del Gobierno venezolano de derribar otros más, rompe con los esfuerzos de los países, forjados durante varios años, tanto a nivel binacional como andino, para consolidar la confianza, la paz, la estabilidad y la seguridad.
La evolución del Derecho Internacional Público hacia un derecho Internacional Vecinal ha permitido pasar del concepto de 'frontera línea' al de 'frontera zona', encontrando este último un lugar en la dinámica legal contemporánea. De acuerdo con ella, se considera este derecho como el conjunto de reglas convencionales o consuetudinarias, que rigen las relaciones mutuas entre Estados vecinos en las porciones limítrofes de sus territorios y que se manifiestan en las relaciones de vecindad, basadas en la cooperación internacional para cumplimiento de ciertos intereses y objetivos comunes, que están vinculados a sus territorios y poblaciones vecinas. Las medidas que se tomen en estas zonas de frontera deben ser mutuamente consensuadas y no modificadas unilateralmente.
Estos principios fueron puestos en práctica por Colombia y Venezuela desde el 5 de agosto de 1949, con la firma del Estatuto del Régimen Fronterizo, y confirmados, con el reinicio de la democracia en Venezuela, en el Tratado de Tonchalá, del 6 de noviembre de 1959. En 1989, se dio un nuevo impulso a este proceso con la creación de las Comisiones de Vecindad y Asuntos Fronterizos y de allí en adelante, ambos países reprodujeron estas iniciativas con Brasil y Guyana, en el caso de Venezuela, y con Ecuador, Brasil, Panamá y Perú, en el caso colombiano.
A nivel de la Comunidad Andina, se aprobó la Decisión 459 que estableció la Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo (Pcdf) con los siguientes objetivos: 1. Facilitar la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios, a través de los pasos de frontera, mediante el trabajo comunitario. 2. Impulsar el desarrollo económico de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) y 3. Fortalecer el diálogo, la consulta y la cooperación entre las autoridades de las Zonas de Integración Fronteriza.
Todo este esfuerzo de muchos años lo está destruyendo el Gobierno de Chávez con medidas como las enunciadas y otras que van más allá del ámbito fronterizo y que afectan no solamente a las economías de los dos países, sino a la integración regional andina, y tienen repercusiones en el ámbito continental. La causa de fondo de esta situación, que ha aflorado ahora con mayor intensidad en la frontera, tiene raíces más profundas, ya que en las relaciones entre los dos países está primando los aspectos relacionados con seguridad sobre los económicos y comerciales.
Mientras no se desactiven los primeros no será posible activar los segundos. Este fenómeno se ha conocido como el 'dilema de la seguridad', en el sentido de que cada país tiene la necesidad de proporcionarse seguridad y que el incremento de la seguridad de un país puede significar una amenaza para la seguridad del otro. Así lo ha entendido Chávez con el acuerdo militar celebrado por Colombia con Estados Unidos, y así lo entiende también Colombia, con la compra de armamentos de Chávez a Rusia.
Esta nueva modalidad de la 'guerra fría' debería superarse por el arreglo directo entre los dos gobiernos, pero al no ser ello posible, debe acudirse a mediadores confiables para ambas partes, que no debe ser el foro altisonante y desquilibrado de Unasur, sino otros más imparciales, como la OEA, en donde se busque combatir las causas y no sólo corregir las consecuencias de la misma.